sábado, 13 de julio de 2013

Fallo de La Haya pasa a la recta final de la campaña

En el gobierno inquieta la posibilidad de que el fallo marque la campaña presidencial, luego de que la corte aplazara el veredicto para el último trimestre de este año. La Moneda decidió convocar a una reunión a los candidatos para dar una señal de unidad frente al juicio. En La Haya se habría hecho saber que Chile esperaba una resolución para este mes.

por Francisco Artaza
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JUAN MARTABIT SCAFF se sobresaltó el miércoles pasado cuando escuchó en el intercomunicador la voz de su secretaria. "Embajador, es de la corte", le dijo. El diplomático chileno en los Países Bajos y coagente ante el Tribunal Internacional de La Haya en el litigio presentado por Perú contra Chile cogió de inmediato el teléfono de su oficina, en el segundo piso de la casa ubicada en el 2154 de la calle Mauritskade 51, en La Haya. "Por encargo del presidente de la corte, le aviso que el fallo no saldrá en el mes de julio", fue el breve mensaje que le transmitió el secretario del tribunal, el belga Philippe Couvreur, pasadas las 17 horas (11 horas en Chile).

Apenas un par de minutos antes, el funcionario judicial había llamado al agente peruano, Allan Wagner. Con las mismas palabras, le informó la postergación del veredicto de los jueces para después del receso de vacaciones por el verano boreal, que va desde el 21 de julio hasta fines de agosto. No era lo que esperaba oír el gobierno de Ollanta Humala, cuya popularidad cayó 10 puntos en los últimos dos meses. La noticia la transmitió de inmediato a Lima, pero se encontró con una sorpresa. En ese momento, la canciller Eda Rivas estaba en el Cementerio Presbítero Matías Maestro, el más antiguo y tradicional de Lima, en el sepelio de Marcela Temple, esposa del ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar. En el funeral estaban presentes casi todo el cuerpo diplomático peruano y gran parte de la dirigencia política limeña.

Rivas tenía su celular apagado, no así el vicecanciller Fernando Rojas, quien estaba a su lado. Diplomáticos peruanos relatan que Rojas recibió varios llamados y le pasó la información a la ministra. Ya de vuelta en Torre Tagle se reunieron con algunos asesores para analizar el tema.

El gesto de la corte era, a lo menos, inusual. Por reglamento, el tribunal avisa a las partes en litigio la fecha en que será leída la sentencia sólo después de concluidas las deliberaciones del caso. Lo hace con siete a 12 días de anticipación, para permitir a los países tomar algunas medidas de preparación. Lo que pasó esta semana escapó a esa regla. "No es una comunicación formal que la corte nos ha enviado a los agentes. Es una información que la corte nos da como una cortesía, sabiendo que hay expectativa en ambos países", aclararía Wagner.

Según una versión de diplomáticos chilenos, por canales informales, tanto Santiago como Lima habían hecho ver a la corte el interés de ambos países de que, en lo posible, el fallo se diera a conocer antes del receso por vacaciones, el 21 de julio. La preocupación apuntaba a que el veredicto fuera dado a conocer poco antes de las elecciones presidenciales chilenas del 17 de noviembre, con el riesgo de una mayor politización del resultado del litigio. "El tribunal tomó nota del interés manifestado por las partes", añaden los mismos personeros.

En las cancillerías de Chile y Perú no confirman esta versión, pero admiten que durante la semana pasada -y el lunes 8, por la mañana- tanto Martabit como Wagner asistieron a la corte a presenciar las audiencias entre Australia y Japón por el juicio por la caza de ballenas, con la esperanza de obtener algún indicio de lo que estaba pasando en la deliberación por la demanda de los límites marítimos.

Las visitas al tribunal se intensificaron luego de que a inicios de este mes se conociera que habían sido convocados a La Haya los jueces ad hoc de Chile y Perú, Francisco Orrego Vicuña y Gilbert Guillaume, respectivamente. Para los equipos jurídicos que siguen el caso, se trataba de una señal de que los magistrados deliberarían en torno al caso.

En Santiago, la información llegó con la misma velocidad. El embajador Martabit se comunicó con el canciller Alfredo Moreno y con el agente Alberto van Klaveren. Los diplomáticos se reunirían en la tarde del mismo día, por más de una hora, para ver posibles escenarios. En RR.EE. y en La Moneda les preocupaba que el fallo se aproximara a la fecha de las elecciones presidenciales, cuando es posible esperar una mayor polarización política. Así se había analizado. "A medida que se acercan las elecciones hay mayor riesgo de que aparezcan personas dispuestas a usar el tema de La Haya como arma política", señalan altas fuentes de gobierno.

Prueba de esta inquietud es que el fallo de La Haya y su repercusión interna fue tratado en los comités políticos de La Moneda del jueves 20 de junio, el jueves 27 del mismo mes y el lunes recién pasado. Bajar las expectativas, concentrar las vocerías en el canciller, dar señales claras a Perú de que el dictamen se va a respetar y que se debe cuidar la relación bilateral fueron algunas de las definiciones que se reiteraron en las reuniones. Sobre la mesa estuvo la confianza en torno a los argumentos jurídicos chilenos.

En el gobierno también se acordó convocar a una reunión a todos los candidatos presidenciales, incluida Michelle Bachelet, con el fin de dar una señal de unidad frente al fallo de La Haya. Con el mismo fin se invitará a los ex presidentes. La fecha de estas reuniones no ha sido precisada, pues la idea es hacerlas poco antes de la lectura del dictamen.

En el Ejecutivo estiman que es poco probable que tras el fallo surjan críticas a la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera llevó adelante la defensa jurídica de Chile, en el caso de que el veredicto no sea favorable. Los análisis apuntan a que -en un escenario hipotético- las responsabilidades son compartidas por igual entre la administración de Piñera y Bachelet: en el gobierno de la candidata del pacto Nueva Mayoría se redactaron la contramemoria y la dúplica, los dos textos que sostienen la defensa.

Otra cosa distinta es el debate sobre el manejo político de las relaciones con Perú y la decisión de acoger la estrategia de "cuerdas separadas" presentada por Perú, tesis a la que suscribió Piñera y que, en la práctica, implica encapsular el litigio en la corte para no contaminar la relación bilateral. Sobre este punto, se hicieron sentir esta semana voces críticas en la oposición. "El gobierno decidió hacer este sistema de 'cuerdas separadas' y eso nos puede repercutir más adelante, porque la sensación que damos es que Chile considera poco grave lo que sucedió y que las cosas estuvieran perfectamente bien con quien nos demandó", dijo el miércoles el ex canciller de Bachelet, Mariano Fernández.

En la misma línea, el ex subsecretario de Defensa de Ricardo Lagos, Gabriel Gaspar, escribió a inicios de semana una columna bajo el título "Los errores ante La Haya". "El derecho nos da plena razón, pero si hemos dado tantas señales de 'abuenamiento', estamos emitiendo señales en pro de un juicio salomónico (...). La política de minimizar las consecuencias de la demanda y reducirlo todo a un entendimiento económico, junto a todas las señales que en los últimos años se han enviado a Lima y a la corte, a la larga resultaría funesto a nuestro interés, porque instalan la tesis de la equidad en detrimento de la vigencia del derecho".

La Moneda respondió el jueves en duros términos a las declaraciones del ex canciller Fernández, lo que fue interpretado como un intento de bloquear una controversia antes de que se conozca la resolución de los jueces. "Esas declaraciones constituyen un hecho total y completamente excepcional, anormal, y esperamos que puedan ser rectificadas prontamente", señaló el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Tras el anuncio de la corte, no existe claridad sobre la fecha exacta en que podría darse a conocer el veredicto. Los jueces retoman su labor en septiembre, pero existen problemas de su agenda que podrían dilatar el fallo. La primera quincena de ese mes, algunos magistrados viajarán a Tokio, al seminario bianual del Instituto de Derecho Internacional, que encabeza el ex presidente y miembro de la corte, el japonés Hisashi Owada.

Un eventual fallo para septiembre genera otros escenarios que no estaban previstos. No sólo porque calzan con las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile. Entre el 21 y el 25 de ese mes está previsto un encuentro de los presidentes Piñera y Ollanta Humala en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Los mandatarios encabezarán junto a sus pares de México y Colombia un seminario para dar a conocer la Alianza del Pacífico a inversionistas extranjeros. Se espera que en esta cita alcancen a firmar también un acuerdo de arancel cero para el intercambio de bienes entre los países de la alianza. En La Moneda están conscientes de la complejidad que puede tener este encuentro, en medio de la repercusión pública por los efectos del fallo.

En paralelo, el gobierno ha observado con atención lo ocurrido con Colombia tras la sentencia de La Haya del 16 de noviembre pasado, en el juicio con Nicaragua por los límites marítimos en el mar Caribe y la soberanía de las islas en el cayo de San Andrés.

Ese día, las autoridades colombianas se apresuraron en celebrar la resolución de la corte, al ver que se ratificaba la soberanía de las islas, sin esperar la lectura íntegra del fallo. Pero luego, cuando el tribunal le dio la razón a Nicaragua sobre la inexistencia de un tratado de límites marítimos, la alegría del gobierno del Presidente José Manuel Santos se transformó en sorpresa y después en desconcierto a medida que se comprendían las implicancias que tenía la sentencia, la misma que le daba a Managua la soberanía sobre un porcentaje significativo del mar Caribe que estaba bajo control colombiano.

Ocho meses después del fallo, Bogotá todavía enfrenta problemas para la ejecución de la sentencia.

La idea de La Moneda y la Cancillería pasa por no repetir los errores comunicacionales de Bogotá, más allá de cuál sea el resultado del veredicto en el diferendo con Perú, por lo que ya existe un diseño que se implementará el día del fallo: la primera reacción será breve, casi técnica, y estará en manos del agente Alberto van Klaveren, desde La Haya. El resto de las autoridades sólo se pronunciarán una vez que se analicen todas las implicancias y consecuencias de la sentencia.

Con la postergación del veredicto, la incertidumbre ha crecido y con ella la tensión al interior de los dos países. El miércoles, los cancilleres Moreno y Rivas instaron por separado a esperar el dictamen de los jueces "con tranquilidad y sin triunfalismo", evitando especulaciones.

En el gobierno chileno no han caído bien las continuas referencias de Perú respecto de una inmediata ejecución del dictamen. "Después del fallo de La Haya debe venir inmediatamente su acatamiento y ejecución, y esa ejecución debe ser transparente, de tal manera que podamos iniciar un nuevo capítulo de las relaciones peruano-chilenas a futuro", dijo el lunes el Presidente Ollanta Humala, en una entrevista a una radio limeña.

En junio, las autoridades limeñas comentaban que se habían conformado comisiones en Chile y en Lima para preparar la rápida ejecución del fallo. La información fue desmentida por el gobierno chileno.

En Santiago, las autoridades prefieren actuar con cautela respecto del tema. Chile ha reiterado que acatará el fallo y ha admitido que tendrá validez desde el momento en que se dicte. Pero otra cosa diferente es su materialización, la que podría tardar algún tiempo, dependiendo de la complejidad del dictamen y las leyes o normas que deban ser modificadas.

Detrás de la cautela sobre la ejecución del fallo, señalan fuentes de La Moneda, también existen razones de estrategia jurídica. Según esa tesis, Chile no puede comprometerse a una ejecución inmediata del dictamen, porque de esta manera se estaría renunciando de antemano a recursos legales que la propia corte establece, como son los de aclaración y revisión de la sentencia. El primero se puede presentar hasta seis meses después de conocido el veredicto y requiere una discrepancia de interpretación legal. El segundo no tiene un plazo para interponerse, pero es muy excepcional, y pasa por demostrar la existencia de una prueba totalmente desconocida, que sea determinante para el fallo y que no haya sido dada a conocer por una situación de negligencia.

Así, pese a la confianza en torno a los argumentos de la defensa chilena, el gobierno ha preparado diversos diseños comunicacionales y jurídicos para enfrentar todos los escenarios del fallo. Desde los más optimistas a los más negativos.

Fuente:latercera

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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