Pamela Aravena Bolívar
Los nombramientos "inamovibles" de última hora
En La Moneda aseguran que aún no terminan de sorprenderse con parte del "legado" que les dejó el gobierno saliente. Especialmente, por los cambios en los contratos de funcionarios públicos.
Ya a principios de enero había dudas respecto de qué estaba haciendo la administración de Bachelet con las decenas de miles de funcionarios a contrata (que duran un año calendario en su cargo) y a honorarios (que pueden ser removidos en cualquier momento).
Ya a fines de enero en La Araucanía se denunciaba la contratación irregular de 120 funcionarios a honorarios de la Conadi, quienes habrían pasado a contrata, lo que les permitía quedarse en sus puestos durante varios meses más.
Luego vinieron las denuncias tanto de RN como de la UDI de que, aprovechando el período de renovación anual de los contratos en los servicios públicos (que se realiza todos los años en enero) se estaban cambiando las cláusulas, que ampliaban arbitrariamente el plazo de notificación de despido, lo que afectaría directamente al gobierno de Piñera, pues no podría despedir a funcionarios nombrados por el gobierno de Bachelet, al menos durante los primeros meses.
A pesar de que en su momento el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, aseguró que envió un instructivo que ordenaba que no se incluyeran nuevas cláusulas, en el gobierno de Piñera aseguran que dicha orden no se cumplió.
Hasta ahora, por ejemplo, han detectado que los contratos de todos los funcionarios a honorarios de la Presidencia -que por naturaleza deben ser de la confianza del Mandatario- contienen una cláusula que obliga a las nuevas autoridades a avisarles con 60 días de anticipación el término de sus funciones en el Gobierno. Lo natural, hasta antes de las elecciones, es que en los contratos incluyeran una cláusula contraria.
Por ejemplo, a los funcionarios a contrata entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de determinado año se agregaba en sus contratos la siguiente cláusula: "y/o hasta que sean necesarios sus servicios durante dicho período", lo que les daba margen a las autoridades para terminar anticipadamente el contrato y en el momento en que lo requirieran.
Algo similar estaría sucediendo en la Subdere y en Mideplan, mientras en otras reparticiones la nueva cláusula sólo contempla el aviso del finiquito con 10 días de anticipación.
Como la cifra de funcionarios a contrata y a honorarios es alta -supera los 96 mil y los 35 mil, respectivamente, según el último informe de recursos humanos de la Dipres emitido en octubre del año pasado-, el número de decretos de cambio en los contratos es también alto. En una primera evaluación, tanto en el Gobierno como en la Contraloría se estimó que más de seis mil de estos documentos habrían sido modificados.
De hecho, el nuevo gobierno ya ha preguntado al organismo contralor si puede retirar dichos decretos. El problema, explican, es que muchos de los documentos fueron enviados por el anterior gobierno con orden de ejecución inmediata "por razones impostergables de buen servicio" y si cumplen con algunas normas legales -como que exista disponibilidad presupuestaria y que no se exceda la dotación de cargos autorizados por la Ley de Presupuestos-, entonces, estarían de acuerdo a derecho y no podrían ser retirados de la Contraloría.
El otro gran problema que están detectando las nuevas autoridades es el gasto excesivo en algunas reparticiones, y entre las más emblemáticas, la Comisión Bicentenario.
Poco más de 100 millones para un año
Apenas fue nombrado a cargo de la Comisión Bicentenario, el ex diputado UDI Julio Dittborn fue comisionado por el Presidente Sebastián Piñera para elaborar un listado de proyectos para celebrar los 200 años de la Independencia.
En el mismo programa de Gobierno figuraba la plantación de 16 millones de árboles, uno por cada chileno, de aquí a 2018. Dittborn, además, agregó nuevas ideas como mejorar el borde del río Mapocho desde el Parque de los Reyes hacia el poniente, realizar una fiesta cultural y lúdica, con música y juegos típicos chilenos, para el 18 de septiembre, tanto en Santiago como en las 15 capitales regionales, e instalar memoriales en 100 lugares históricos del país.
El problema es el dinero. Según la Ley de Presupuestos 2010, la Comisión cuenta con $693 millones 353 mil, pero el Gobierno anterior gastó $530 millones 225 mil. "Al solicitar los detalles de gastos, me encontré con gastos innecesarios, muchos de los cuales fueron destinados a autobombo y autopropaganda, y otros a regalos para autoridades. Un problema, pues la ley exige que los dineros no pueden gastarse en propaganda, sino en campañas informativas", asegura.
Ejemplos le sobran: $101 millones para distribuir un informe con las obras desarrolladas hasta que Bachelet dejó el poder; $71 millones para una campaña comunicacional radial en todo el país, $14 millones adicionales para otro spot radial que estará al aire hasta junio; $18,5 millones para comprar 2.500 pendrives con logo (los cuales ya fueron repartidos por el anterior gobierno); $16 millones para la confección de bolígrafos; $3,3 millones para llaveros.
En total, a la Comisión Bicentenario le quedan sólo $163 millones para los meses que restan del año, una cifra menor si se considera que la administración anterior dejó 31 personas a honorarios y una a contrata, quienes, en total, significan un gasto de $40 millones mensuales. Es decir, considerando sólo las remuneraciones, Dittborn tiene presupuesto hasta junio.
Después de una reunión con el Presidente Piñera, el mandamás de la Comisión deberá presentarle un nuevo listado de ideas. Una de ellas, de bajo costo, dado su escaso presupuesto, es auspiciar con el logo Bicentenario a una marca de tallarines para que los nueve tomos de "Papelucho" lleguen a los hogares chilenos.
Además, Dittborn colabora en proyectos conjuntos con distintos ministerios para apoyar el programa de reparación y protección del patrimonio histórico dañado por el terremoto.
Subvenciones, 100% del presupuesto ya utilizado
Un panorama similar se descubrió con el ítem "Subvenciones" del Tesoro Público. Según la Ley de Presupuestos 2010, están aprobados $2.593 millones para subvencionar a personas jurídicas del sector privado sin fines de lucro.
Después de los primeros exámenes, en La Moneda constataron que desde el 15 de enero y hasta el 4 de marzo el gobierno anterior emitió decretos, mediante los cuales no sólo distribuyó la partida completa, sino que además se sobrepasó en $553 millones.
Entre los beneficiados figuran:
-$1.300 millones como aporte complementario aprobado a fines de enero a "Un techo para Chile"
-$1.000 millones de aporte para la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil.
-$146 millones para una proyecto jurídico-psicológico del Fasic.
-$120 millones a la Fundación Pablo Neruda.
-$100 millones para programas de capacitación de Infocap.
El último de los oficios fue enviado el 10 de marzo, con un aporte a los gastos corrientes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por $39 millones, cuyo decreto está aún en tramitación.
Los proyectos de ley que quedaron en el camino
El segundo piso de La Moneda está revisando, además, en qué estado quedaron los cientos de proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso. Y han constatado que decenas de ellos fueron un simple saludo a la bandera del anterior Gobierno, para calmar ánimos "caldeados" de ciertos" grupos de interés y apagar incendios, pero que nunca prosperaron ni recibieron el verdadero empuje del Gobierno para transformarse en ley.
Es el caso de los mensajes que proponían: una nueva ley orgánica para los partidos políticos, la Autoridad Metropolitana de Transportes; la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, del Ministerio del Deporte y del Instituto del Patrimonio Cultural, la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, el fideicomiso ciego, entre otros.
Saludos,
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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