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| Felipe Larraín |
Cada gobierno define su hoja de ruta y busca la adhesión ciudadana para traducirla en políticas públicas capaces de conducir al país a las metas que lo acerquen al objetivo que lo inspira. La hoja de ruta que planteó el Presidente Piñera a la ciudadanía en las últimas elecciones consiguió un amplio respaldo electoral, al tener la virtud de apelar a necesidades y anhelos evidentes de las personas.
De un modo u otro, con énfasis y tonos diferentes, una amplia mayoría de chilenos comparten el diagnóstico de que el ritmo al que avanzamos en la última década alejaba de nuestro horizonte la posibilidad de alcanzar el desarrollo en un plazo razonable. El diagnóstico es claro y ampliamente compartido. En los últimos años la productividad de la economía nacional cayó en forma sostenida. Chile perdió la capacidad de crecer y de crear empleo vigorosamente. Y nos hemos propuesto revertirlo.
Esas son las principales fortalezas de nuestra hoja de ruta: la adhesión ciudadana al objetivo y el consenso respecto del rumbo que debemos asumir. La necesidad del cambio es transversal a muchos y variados aspectos de nuestro quehacer cotidiano.
Pero las modernizaciones que permitieron alcanzar el liderazgo que en un momento ostentamos como país son hoy insuficientes para asumir la tarea que la ciudadanía nos demanda en este tiempo. Esas son las modernizaciones que estructuran nuestra agenda de gobierno y que se traducen en las políticas públicas que estamos impulsando en estos días.
Ahí se inserta la agenda de reforma al Mercado de Capitales del Bicentenario (MKB) que anunciamos esta semana y que -basada en siete pilares centrales- busca revertir radicalmente la caída sistemática de la productividad de la economía chilena. Se trata de un proyecto ambicioso capaz de aportar sentido a todos los actores, incluyendo los grandes agentes, las Pymes y los emprendedores que quieren financiar sus proyectos; también a las personas que buscan una información más transparente del mercado y quieren tener una participación más activa en él.
En esa misma línea se inscriben las modificaciones en el ámbito laboral que el Gobierno ha propuesto recientemente, donde la búsqueda de consensos transversales tiene un rol central: desde la recientemente creada comisión técnica para analizar el salario mínimo hasta la instancia para perfeccionar el posnatal femenino, se inscriben en esa línea.
La modernización del Estado está también en el centro de nuestra hoja de ruta. Queremos un Estado ágil, eficiente y oportuno al servicio de las necesidades de las personas; un Estado dinámico, moderno y creativo que se anticipe a las demandas ciudadanas. Sólo así seremos capaces de articular coordinadamente políticas públicas, para transformarlas en los beneficios y servicios que los chilenos se merecen.
En estos primeros 60 días de Gobierno, las urgencias han determinado que la agenda de reconstrucción haya concitado la mayor visibilidad. Hemos debido afrontar el terremoto y maremoto, que no estaba en los planes de nadie. Junto con abordar la emergencia, debemos reconstruir el país. Esto requiere un enorme esfuerzo para nuestras finanzas públicas. Hubiera sido más fácil usar el fondo soberano, como algunos propusieron. Pero no habría sido responsable. Escogimos un camino más difícil, con financiamiento de muchas fuentes, pero estamos convencidos que es el mejor para Chile. La crisis griega sólo confirma que ésta es la ruta correcta.
El ajuste comenzó por casa, reasignando recursos en el presupuesto público. Luego enviamos al Congreso un proyecto que crea el fondo de reconstrucción nacional para estimular la solidaridad de personas y empresas, que fue aprobado sin votos en contra por la Cámara de Diputados y hoy está en discusión en el Senado. Esta semana ingresamos el proyecto de financiamiento de la reconstrucción, que contempla aumentos moderados y principalmente transitorios de impuestos. Junto a ellos hay estímulos potentes para las Pymes que eximen de tributación a las utilidades retenidas para empresas con hasta 50.000 UF de ventas. Ello favorece a un universo de 820.000 empresas, un 98% de las 840.000 que existen en nuestro país. También contemplamos rebajar el impuesto de timbres, que es un gravamen al crédito, desde el 1,2% al que aumentaría el 1º de julio a 0,6%, lo que beneficia especialmente a las Pymes y a las personas.
No hay contradicción entre esta agenda y aquella de más largo aliento orientada por la modernización. Por el contrario, Chile nos exige levantar un país mejor al que remeció el terremoto del 27 de febrero y eso sólo es posible impulsando la agenda de modernizaciones que la ciudadanía demanda y cuyo éxito parece alcanzable por los consensos que existen en torno a ella.
Saludos,
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