Publicado el 24 de noviembre del 2011
Ante la Comisión de Economía, Felipe Morandé, Carlos Villarroel y Gonzalo Sanhueza plantearon que sería preferible avanzar en otras líneas para enfrentar temas como el sobreendeudamiento y el acceso a crédito con tasas razonables.
Una visión bastante crítica manifestaron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados los economistas Felipe Morandé y Gonzalo Sanhueza y el abogado Carlos Villarroel respecto del proyecto (boletín 7886) del Ejecutivo que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio, tema más conocido como deuda consolidada.
En general, los tres invitados plantearon que el proyecto es innecesario y que no cumple los principales objetivos propuestos, cuales son, fomentar el acceso a créditos más convenientes para los usuarios y abordar el tema del sobreendeudamiento. Consideraron más conveniente seguir otras líneas legislativas y administrativas, que la ya intentada durante la administración de Michelle Bachelet, en donde se alcanzó a lograr la aprobación en general del proyecto respectivo.
El diputado Miodrag Marinovic (IND) dijo que, después de las audiencias que han recibido en la Comisión, tal como está planteado hoy el proyecto, favorece a los bancos y a las instituciones financieras grandes. "No vemos con claridad cuáles son los beneficios para la gente, que es el objetivo que nosotros perseguimos para legislar. Más bien se percibe que va a generar concentración del mercado", planteó.
Estimó que la propuesta permitiría "la expropiación de la información de las personas y un uso que va a ser usado en forma asimétrica por parte del acreedor".
"Así que por lo menos yo tengo serias observaciones respecto del proyecto. No me he convencido que es un proyecto favorable y hemos visto que no es la primera vez que se presenta. Tal vez sea necesario buscar por otra línea y que los acreedores sepan y asumir su riesgo crediticio", recalcó.
Sostuvo que en el tema financiero es fundamental aumentar la competencia y garantizar la movilidad de los clientes, terminando con las barreras que tienen los bancos para la salida de los usuarios. Asimismo, señaló que es preciso establecer sanciones para las entidades abusadoras y los ejecutivos que traman situaciones que son reñidas con la ley, como fue en el caso de La Polar.
La diputada Mónica Zalaquett (UDI) destacó que los tres expositores concordaron en que pareciera no ser correcta la forma en que se pretende encarar normativamente los objetivos del proyecto y que se estaría frente a simples hipótesis que no están respaldadas por un estudio comparado. "No hay ninguna legislación en otro país que nos demuestre que esto puede ser garantía de solución a los objetivos que busca solucionar este proyecto", afirmó.
Planteó que, tras la exposición de los invitados, queda la convicción de que la Comisión va a requerir de un estudio profundo sobre la materia y mucho debate antes de legislar, por lo que llamó al Ejecutivo a quitarle la calificación de suma urgencia (quince días de trámite) que tiene el proyecto.
Además, coincidió con los expositores en que se requerirá de más de una reforma legislativa para abordar la problemática del sobreendeudamiento y el acceso al crédito. "También tenemos que hacernos cargo del tema de las tasas, que en nuestro país son altas, de los seguros de cesantía y, sobre todo, no me canso de decir que tenemos que educar. Necesitamos una población más preparada para enfrentar el nuevo acceso a bienes y servicios de un país que crece y se desarrolla", precisó.
Expositores
El ex Ministro de Transportes, Felipe Morandé, estimó que no se aprecia en la constitución del proyecto una evaluación más precisa sobre los riesgos que acarrearía un sistema de consolidación de deuda, por lo cual afirmó que sería mejor no insistir en la iniciativa y propuso avanzar en un fortalecimiento del empleo, mejorar el sistema de seguros de cesantía, facilitar la movilidad interbancaria y abordar el tema de las tasas de interés.
Sin embargo, de decidirse continuar legislando, llamó a enfrentar algunos temas, como por ejemplo, el plazo de cinco años que se propone para mantener la base de datos de información positiva y negativa, el cual calificó como excesivo.
Planteó que, si se insiste en que las instituciones no bancarias entreguen la información positiva de sus deudores, sería mejor que "el informe comercial que produzcan las entidades de registro sea únicamente sobre la situación a la fecha, cuántos créditos tiene vigentes, por qué montos y si está al día en ellos".
Señaló también que, si se quiere preservar el incentivo de las casas comerciales a expandir el crédito a personas sin historia crediticia, pero limitar las rentas que obtienen de identificar a los buenos pagadores, se podría plantear que estas instituciones entreguen la información positiva, cuando sean requeridas, con un año de desfase.
Gonzalo Sanhueza, representante de Econsult, sostuvo que con la aplicación de las normas propuestas por el proyecto se reduciría el acceso al crédito y aumentaría las tasas de interés de las colocaciones de créditos de consumo. Asimismo, se fomentaría la concentración de la industria del crédito de consumo, reduciendo la participación del retail financieros y otros actores no financieros y aumentando la participación de los bancos.
Indicó que una mayor concentración implicará menos competencia, por lo que las tasas de interés de los créditos de consumo terminarán subiendo. Además, consideró que los deudores serán más vulnerables a su información comercial, al contener las bases de datos no sólo su comportamiento de morosidad sino también el monto de sus créditos.
Criticó que no existe un diagnóstico serio, por ejemplo, del DICOM, sobre quiénes son las personas que caen en él, si es un problema de stock o de flujo; si se trata de personas que una y otra vez caen en la morosidad o si se trata de un flujo constante que se va renovando. Recalcó que, una vez identificado el problema, recién se podría empezar a proponer una solución.
Carlos Villarroel fue enfático en señalar que el proyecto no será el instrumento que resuelva los problemas del sobreendeudamiento y el acceso al crédito, estimando que existen otras vías, como por ejemplo, no aceptar avances en efectivo o limitar los sobregiros. En todo caso, dijo que si se quiere seguir avanzando en la iniciativa, debería mejorarse la relación entre deudor y acreedor, estimando que resulta inadmisible la asimetría entre ambos.
"El acreedor es el privilegiado del proyecto. Él tendrá toda la información; él decide quién es y quién no es sujeto de crédito; él decide cuando el deudor está sobreendeudado", puntualizó.
También cuestionó la duplicidad de funciones que tendría el Sistema de Obligaciones Económica, recopilando la información comercial y financiera de las personas, con la existencia de administradoras y distribuidoras; acusó que se privilegia la información comercial por sobre la privacidad; y planteó que, frente a un cuadro de información completa y garantizada por el Estado no es absurdo discutir el "derecho al crédito para el deudor".
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
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