Orden público
Andrés Chadwick: "La pregunta es simple y directa: ¿La Concertación está o no de acuerdo en que Carabineros y los tribunales dispongan de mayores herramientas legales para sancionar a los encapuchados?...".
Con incredulidad hemos recibido la votación de todos los parlamentarios de la Concertación miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quienes rechazaron las principales normas para tipificar el delito de desórdenes públicos graves y agravar la penalidad de los delitos y faltas cometidos con ocasión de manifestaciones o eventos públicos.
El país ha sido testigo de cómo en los últimos años se han multiplicado las marchas por el centro de las principales ciudades del país, las cuales mayoritariamente van acompañadas de actos de violencia y vandalismo. Ha surgido, a raíz de ello, un nuevo "personaje" delictual: el "encapuchado". Jóvenes que, cubriendo sus rostros y cada vez con mayor coordinación entre ellos, cometen todo tipo de delitos y actos violentos, destruyendo bienes públicos y privados, saqueando locales comerciales y enfrentando con violencia y desparpajo a Carabineros.
En la inmensa mayoría de los casos, una vez que son detenidos son rápidamente puestos en libertad por los juzgados de garantías. Las razones son múltiples, entre otras, menores de edad, pruebas aparentemente insuficientes, baja penalidad de los delitos imputados o ilegalidad de la detención en razón del control de identidad previo.
Todo lo anterior ha ido creando una nefasta sensación de impunidad en estos "encapuchados", que una y otra vez son detenidos, aumentando solo las anotaciones en un prematuro y nutrido prontuario policial.
Por ello es que sorprende tanto la votación en bloque de los diputados de la Concertación en contra de establecer aumentos en la penalidad de los delitos en contra de las personas y bienes, cuando ellos son cometidos con ocasión de movilizaciones y eventos públicos masivos, como de igual forma, cuando son cometidos por personas que cubren sus rostros. Y tratándose de estos últimos, en caso de participar en dichas manifestaciones en forma encapuchada, rechazaron la creación de una falta penal calificada, es decir, de aquellas que permiten la detención.
Encontrándonos en un período electoral, un tema tan importante como las garantías del orden público requiere definiciones claras y actitudes concretas. La pregunta es simple y directa: ¿La Concertación está o no de acuerdo en que Carabineros y los tribunales dispongan de mayores herramientas legales para sancionar a los encapuchados?
Pero el tema no se agota en este proyecto de ley sobre orden público. El Presidente de la República envió esta semana al Senado un nuevo proyecto que busca fortalecer este orden y además la seguridad ciudadana.
Con nuevas y más amplias atribuciones a Carabineros para efectuar el control preventivo de identidad. Se faculta para solicitar la identidad de una persona que se encuentre en las inmediaciones de lugares de especial riesgo, como, por ejemplo, edificios públicos, hospitales, centrales de electricidad, instalaciones de agua potable o de transporte público. De igual manera, a quien se encuentre en lugares o zonas donde sea previsible, razonablemente, la ocurrencia de hechos delictuales que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Si no se identifica, la persona puede ser retenida hasta por ocho horas para facilitar su identidad. En caso de negarse a hacerlo o falsear datos, se le detiene y comunica al fiscal respectivo, como lo señala hoy el Código Procesal Penal.
Normas similares a las que existen en España, Francia, Alemania o Estados Unidos. Normas que buscan armonizar la mayor libertad personal posible con la mayor seguridad personal de cada ciudadano.
Surge, por consiguiente, para los parlamentarios de la Concertación una nueva pregunta: ¿Estarán o no de acuerdo con fortalecer estas atribuciones de Carabineros para el control preventivo de identidad?
Si pretendemos tener un mayor orden público y seguridad ciudadana, estos dos proyectos de ley se hacen indispensables para colaborar en estos objetivos. Cualquiera que pretenda gobernar mañana necesitará de ellos. Los parlamentarios de la Concertación tienen, hoy y ahora, la respuesta a estas preguntas con sus votos.
El país ha sido testigo de cómo en los últimos años se han multiplicado las marchas por el centro de las principales ciudades del país, las cuales mayoritariamente van acompañadas de actos de violencia y vandalismo. Ha surgido, a raíz de ello, un nuevo "personaje" delictual: el "encapuchado". Jóvenes que, cubriendo sus rostros y cada vez con mayor coordinación entre ellos, cometen todo tipo de delitos y actos violentos, destruyendo bienes públicos y privados, saqueando locales comerciales y enfrentando con violencia y desparpajo a Carabineros.
En la inmensa mayoría de los casos, una vez que son detenidos son rápidamente puestos en libertad por los juzgados de garantías. Las razones son múltiples, entre otras, menores de edad, pruebas aparentemente insuficientes, baja penalidad de los delitos imputados o ilegalidad de la detención en razón del control de identidad previo.
Todo lo anterior ha ido creando una nefasta sensación de impunidad en estos "encapuchados", que una y otra vez son detenidos, aumentando solo las anotaciones en un prematuro y nutrido prontuario policial.
Por ello es que sorprende tanto la votación en bloque de los diputados de la Concertación en contra de establecer aumentos en la penalidad de los delitos en contra de las personas y bienes, cuando ellos son cometidos con ocasión de movilizaciones y eventos públicos masivos, como de igual forma, cuando son cometidos por personas que cubren sus rostros. Y tratándose de estos últimos, en caso de participar en dichas manifestaciones en forma encapuchada, rechazaron la creación de una falta penal calificada, es decir, de aquellas que permiten la detención.
Encontrándonos en un período electoral, un tema tan importante como las garantías del orden público requiere definiciones claras y actitudes concretas. La pregunta es simple y directa: ¿La Concertación está o no de acuerdo en que Carabineros y los tribunales dispongan de mayores herramientas legales para sancionar a los encapuchados?
Pero el tema no se agota en este proyecto de ley sobre orden público. El Presidente de la República envió esta semana al Senado un nuevo proyecto que busca fortalecer este orden y además la seguridad ciudadana.
Con nuevas y más amplias atribuciones a Carabineros para efectuar el control preventivo de identidad. Se faculta para solicitar la identidad de una persona que se encuentre en las inmediaciones de lugares de especial riesgo, como, por ejemplo, edificios públicos, hospitales, centrales de electricidad, instalaciones de agua potable o de transporte público. De igual manera, a quien se encuentre en lugares o zonas donde sea previsible, razonablemente, la ocurrencia de hechos delictuales que pongan en riesgo la seguridad y el orden público. Si no se identifica, la persona puede ser retenida hasta por ocho horas para facilitar su identidad. En caso de negarse a hacerlo o falsear datos, se le detiene y comunica al fiscal respectivo, como lo señala hoy el Código Procesal Penal.
Normas similares a las que existen en España, Francia, Alemania o Estados Unidos. Normas que buscan armonizar la mayor libertad personal posible con la mayor seguridad personal de cada ciudadano.
Surge, por consiguiente, para los parlamentarios de la Concertación una nueva pregunta: ¿Estarán o no de acuerdo con fortalecer estas atribuciones de Carabineros para el control preventivo de identidad?
Si pretendemos tener un mayor orden público y seguridad ciudadana, estos dos proyectos de ley se hacen indispensables para colaborar en estos objetivos. Cualquiera que pretenda gobernar mañana necesitará de ellos. Los parlamentarios de la Concertación tienen, hoy y ahora, la respuesta a estas preguntas con sus votos.
fuente: emol
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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