Piñera condena la muerte de un policía en las protestas por el golpe de 1973

Piñera condena la muerte de un policía en las protestas por el golpe de 1973

(EFE) – hace 6 horas 

Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- El presidente chileno, Sebastián Piñera, condenó hoy la muerte de un policía en las protestas con motivo del 39 aniversario del golpe de Estado de 1973 y prometió hacer todo lo posible para identificar a los asesinos del funcionario.

"Estos hechos lo único que producen es dolor, muerte y destrucción", dijo Piñera esta madrugada en una improvisada rueda de prensa a su regreso a Santiago tras visitar Australia y participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Vladivostok (Rusia).

Además de la muerte del cabo Cristián Martínez Padilla, que fue atacado por unos delincuentes cuando intentaba evitar el saqueo de un supermercado, 16 carabineros resultaron heridos de diversa consideración y hubo más de 100 detenidos en las protestas.

"Adicionalmente a la muerte de Cristián Martínez Padilla, padre de un niño de tres semanas, tenemos 16 carabineros heridos, dos de ellos de gravedad, tres de mediana gravedad y los demás con distintas lesiones o contusiones", precisó el mandatario chileno.

Piñera enfatizó: "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por identificar a los asesinos del cabo Martínez".

Por su parte, el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, Luis Valdés, explicó que en las refriegas se escucharon muchos disparos y explosiones y precisó que la Policía debió utilizar en algunos lugares vehículos blindados "debido a la gran cantidad de disparos".

Precisó que en diversas zonas de la periferia de la capital chilena, encapuchados destruyeron semáforos y prendieron fuego a dos microbuses y se enfrentaron a la Policía a balazos.

En otras ciudades del país, como Valparaíso, situada a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, unas 30 personas ocuparon la avenida Argentina, donde levantaron barricadas y encendieron fogatas y se produjeron graves enfrentamientos con la Policía.

Lo mismo ocurrió en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, donde encapuchados encendieron neumáticos, se enfrentaron con las autoridades y asaltaron un supermercado.

A pocas horas de amanecer, más de 25.000 personas seguían sin energía eléctrica en Santiago

Fuente:

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Además de la muerte del cabo Cristián Martínez Padilla, que fue atacado por unos delincuentes cuando intentaba evitar el saqueo de un supermercado, 16 carabineros resultaron heridos de diversa consideración y hubo más de 100 detenidos en las protestas.

"Adicionalmente a la muerte de Cristián Martínez Padilla, padre de un niño de tres semanas, tenemos 16 carabineros heridos, dos de ellos de gravedad, tres de mediana gravedad y los demás con distintas lesiones o contusiones", precisó el mandatario chileno.

Piñera enfatizó: "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por identificar a los asesinos del cabo Martínez".

Por su parte, el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, Luis Valdés, explicó que en las refriegas se escucharon muchos disparos y explosiones y precisó que la Policía debió utilizar en algunos lugares vehículos blindados "debido a la gran cantidad de disparos".

Precisó que en diversas zonas de la periferia de la capital chilena, encapuchados destruyeron semáforos y prendieron fuego a dos microbuses y se enfrentaron a la Policía a balazos.

En otras ciudades del país, como Valparaíso, situada a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, unas 30 personas ocuparon la avenida Argentina, donde levantaron barricadas y encendieron fogatas y se produjeron graves enfrentamientos con la Policía.

Lo mismo ocurrió en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, donde encapuchados encendieron neumáticos, se enfrentaron con las autoridades y asaltaron un supermercado.

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Los fallos de los tribunales sí se comentan

Los fallos de los tribunales sí se comentan

Antonio Bascuñán Rodríguez 
Abogado 
Profesor de Derecho 
Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de Chile

El debate que ha generado la crítica de la ministra del Medio Ambiente a una sentencia de la Corte Suprema es un buen ejemplo de la confusión que domina nuestra práctica política.

No se puede pretender que las decisiones de los tribunales sean inmunes a la crítica; todo lo contrario: porque son actos estatales están por definición sometidos al escrutinio público. La crítica de las decisiones judiciales es una práctica constitutiva de una República, como lo hizo ver Andrés Bello en el siglo XIX, cuando abogó con pasión y éxito por la publicidad de los juicios y la necesidad de fundar las sentencias.

Se dirá que eso rige para los ciudadanos. Que quienes ejercemos el derecho a la libertad de expresión estamos obviamente legitimados para criticar los actos del Estado como parte esencial de nuestro discurso político; pero que tratándose de los poderes públicos, se dice, ese principio no rige.

Hay un punto válido en esa consideración. El funcionario de la administración del Estado que formula públicamente una crítica a una sentencia no puede refugiarse en la libertad de los ciudadanos. Esa banalización de su acto es inaceptable. La pregunta institucional es si la crítica pública de las decisiones judiciales forma o no parte del ejercicio de la responsabilidad de su cargo.

Se entiende que un dictador no pueda permitirse críticas públicas a las sentencias de los tribunales, si es que desea evitar un enfrentamiento institucional. Sería incomprensible que el dictador formulara esa crítica y al mismo tiempo respetara la sentencia y al tribunal. Por eso, si no quiere desacreditar las bases de su poder dictatorial o entrar en conflicto con el tribunal, tiene que callarse.

Se entiende también que un gobierno que se sabe fácticamente precario, y que por eso desvía la solución de conflictos políticos a los tribunales bajo la forma de casos judiciales, se abstenga de comentar las sentencias que resuelven esos casos. Comentarlas implicaría asumir una posición en esos conflictos y eso es precisamente lo que desea eludir, dada su precariedad.

Se entiende, por lo tanto, que Pinochet sobre prácticamente cualquier asunto y los gobiernos de la concertación sobre violaciones de derechos humanos, al menos en los comienzos de la década de los noventa, esgrimieran como aparente principio de probidad política que los fallos de los tribunales no se comentan. Claro, no se comentaban en público; porque el poder dictatorial y el poder democrático precario realizan esa crítica del único modo para ellos posible: opacamente.

Pero en una democracia sólida ese aparente principio de probidad política deviene en lo que realmente es: una idea tonta o perversa. Es tonto pretender que la sentencia judicial que frustra una política de gobierno no constituye una cuestión políticamente relevante. Y es perverso someter el tratamiento de esa cuestión a la opacidad. Lo correcto es asumir públicamente la responsabilidad institucional por la posición discrepante de la sentencia.

El problema de las recientes intervenciones de autoridades del Gobierno no está por lo tanto en el fondo de sus planteamientos, sino en la forma en que lo hacen valer, por completo carente de densidad institucional. No puede criticar cualquier autoridad, sino sólo la responsable de la ejecución de la política que se ve afectada. No se puede criticar en apariciones improvisadas o entrevistas dominicales, sino en una conferencia de prensa convocada para ese preciso efecto. No se puede criticar con base en opiniones personales, con liviandad o mordacidad, sino con fundamentos, en lo posible avalados por el juicio de expertos. Finalmente, no se puede criticar sin expresar cuáles serán las consecuencias institucionales de la crítica.

Esas consecuencias obviamente no pueden alterar la obligación de acatar la sentencia. Pero sí debe quedar claro cómo es que se actuará en lo futuro para obtener de tribunales independientes un cambio en la interpretación y aplicación de la ley. El día en que el respectivo ministro, subsecretario o superintendente, o el fiscal nacional o regional asuman esta responsabilidad será el día en que hayamos dejado atrás nuestras prácticas expresivas de debilidad institucional y abrazado el auténtico principio de probidad política en esta materia: los fallos de los tribunales sí se comentan.

Fuente:emol

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AUNQUE REAFIRMAN DERECHO A OPINAR

Gobierno: declaraciones no tenían intención de afectar independencia de la justicia

Comunicado fue leído por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Presidente Piñera se refirió al tema en Australia.

   

 

"El gobierno entiende que las opiniones de la Ministra han sido expresadas en su calidad técnica y como responsable del área en cuestión, con total respeto hacia la Corte Suprema y no han tenido ninguna intención de afectar la independencia del Poder Judicial", fue la declaración del Ejecutivo sobre la polémica en torno a las declaraciones de la ministra Benítez sobre el fallo de la Corte Suprema.

"El gobierno reitera el pleno y total compromiso por la independencia del Poder Judicial", añade el documento leído por el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera. En todo caso, "todo ciudadano o autoridad pública tiene el legítimo derecho emitir su opinión respecto de las actuaciones de cualquier poder del estado", dijo el gobierno.

En tanto, durante el último día de la visita de Estado que realizó a Australia el presidente Sebastián Piñera, recalcó que en Chile hay un Estado de Derecho con poderes independientes y donde el gobierno "respeta la autonomía e independencia de los otros poderes". "Debo decir que el gobierno de Chile debe preocuparse porque tengamos la energía que necesitamos para seguir iluminando nuestras ciudades, haciendo funcionar nuestras industrias para poder seguir creciendo y seguir creando empleos", agregó.

"Es importante que todos los que tomamos decisiones en estas materias tengamos plena conciencia de que los problemas de energía no se van a producir durante este gobierno, pero si no tomamos las medidas hoy día, durante los próximos gobierno podemos tener una grave crisis de energía", enfatizó.

En tanto, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, dijo que "nunca he visto algo que no se pueda comentar".

Desde otra visión, la senadora (RN) Lily Pérez señaló que "no corresponde que una ministra ponga en tela de juicio una decisión de la Corte Suprema". Además, indicó que "confío que la Corte Suprema hizo su trabajo con acuciosidad. En eso doy por hecho que si tomó una decisión, lo hizo conforme a derecho".

Fuente:DF

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