"El 27 de enero en la mañana, lo que se verá será a todos en Perú celebrando y aquí en Santiago dando explicaciones", es una frase que por estos días circula en el gobierno, en la oposición y que es reconocida en La Moneda como la escena que marcará la jornada ese día, cuando el Tribunal Internacional de La Haya dé a conocer su sentencia final sobre la demanda del gobierno de Lima por el diferendo limítrofe con Chile.
En las altas esferas del gobierno ya ronda la versión de que laresolución a la interpretación de los tratados de 1929, 1952 y 1954 no será nada auspiciosa para nuestro país. En la Cancillería ya barajan los peores escenarios y, en el entorno del Presidente Sebastián Piñera, la forma de evitar que este capítulo dañe irreparablemente la imagen del Mandatario.
En los pasillos de la Cancillería chilena dicen que lo más probable es que Chile pierda el Hito 1 y gane la postura peruana del Hito Concordia como punto de origen del límite entre ambos países, a pesar de lo que afirma el acta complementaria de octubre 1930 como documento anexo al Tratado de 1929. Además, se dice en el Ministerio, que La Haya "cederá a Perú la mitad de lo que pide y nos dejará a nosotros con la mitad de lo que teníamos". En La Moneda agregan que, salvo que la Corte Internacional resuelva mantener el statu quo con Perú, cualquier otra resolución es "ganancia pura" para el país vecino, ya sea que se acoja toda su demanda o que La Haya opte por un "fallo salomónico", por lo que efectivamente se están preparando para sortear una derrota.
Así, desde esta semana se despliega una intensa estrategia para fortalecer el "discurso de Estado" y preparar el ambiente político. Mañana, a las 10:00 horas, Piñera se reunirá a puerta cerrada y a solas con la Presidenta electa, Michelle Bachelet; tres días después, será el turno de los ex Mandatarios Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos Escobar; el día 13 de enero, a las 8:15 de la mañana, están convocadas las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y el Senado y, luego, a las 11:00 horas, con todos los presidentes de partidos políticos.
Todo el análisis de escenarios, el enlace con los distintos sectores políticos y el diálogo con el entorno de Bachelet ha estado en manos del canciller Alfredo Moreno. Él, junto al subsecretario Alfonso Silva y la dirección jurídica del ministerio, conforman el núcleo duro de trabajo, para coordinarse también –afirman en el gobierno– con la Cancillería peruana, especialmente en cuanto a aspectos comunicacionales y las instrucciones a seguir por ambas embajadas estas semanas.
En la oposición ya se preparan, por lo mismo, para un intento de La Moneda de querer "compartir las culpas" con Bachelet. Al respecto, en el gobierno reconocen que la filtración a la prensa, a fines de la semana pasada, de lainvitación a reunirse con Piñera antes que el entorno de la Presidenta electa la confirmara, fue "una forma de querer amarrarla públicamente".
Son los que están analizando todos los escenarios que se decantarán a partir del fallo, especialmente uno que no deja de ser complejo y delicado: cómo, cuándo y en qué plazos se implementará la sentencia, así como las implicancias prácticas que tendría.
En el propio gobierno dicen que ese será el aspecto más delicado que surgirá de la sentencia del 27 y que los límites marítimos, los derechos de pesca, la situación de los pesqueros artesanales en Tacna y Arica son sólo algunos de los elementos a manejar con pinzas durante los meses siguientes. Desde la oposición, expertos consideran que es indispensable aplicar una iniciativa "político-diplomática", que incluya el llamado a una comisión bilateral con Perú para zanjar estos puntos, con una declaración conjunta en que se exprese que ninguno de los dos Estados tiene pretensiones territoriales en la ejecución de la sentencia.
El fallo de La Haya es inapelable; sin embargo, no se descarta que el actual gobierno opte por interponer el recurso de "aclaración para mejor cumplimiento de la sentencia", un mecanismo que implica una mayor precisión del tribunal sobre las implicancias de la resolución, que se demora unos tres meses aproximadamente. Considerando que en marzo es el cambio de mando entre Piñera y Bachelet, una fórmula de esta índole le permitiría al actual Mandatario sortear los efectos de un fallo adverso y ganar tiempo, para que sea el próximo gobierno el que lidie con los problemas de la implementación.
LA CUERDA MALDITA
Durante toda la administración Piñera se ha criticado –tanto desde la oposición como internamente en el gobierno– el giro que se implementó estos cuatro años en la política exterior de Chile, que consistió básicamente en la estrategia de las "cuerdas separadas", especialmente con Perú, para diferenciar el ámbito político-diplomático de los intereses comerciales.
Un fallo adverso de La Haya pondrá de nuevo el foco en este punto, porque incluso en el propio gobierno se considera que esa estrategia de las cuerdas separadas fue una pésima señal para la Corte Internacional y en buena medida responsable del tenor que tenga la sentencia.
"Es una estrategia válida la de las cuerdas separadas, el problema ha estado en que sólo se desarrolló una, la comercial; es la única que se fortaleció y es algo real la falta de una verdadera política exterior", reconocen en el propio gobierno.
Agregan que, a pesar de reiterados planteamientos internos de advertencia, esta fue siempre una decisión que impusieron Piñera y Moreno, básicamente –precisan– por los intereses económicos que tienen en Perú.
En La Moneda apuestan a que los costos que deba pagar el Presidente Piñera por el fallo de La Haya "serán mínimos", porque toda la critica de las cuerdas separadas es algo "muy técnico que la gente no entiende". Además, aseguran que ya se ha monitoreado y sondeado el posible impacto y que son coincidentes en que la opinión pública "no responsabiliza al gobierno, tampoco al anterior de Bachelet; considera que, de perder, es culpa sólo de la Corte Internacional".
Pero, pese a esta apuesta de palacio, en el resto del gobierno creen que Piñera "si o sí" pagará un alto costo, porque este fallo caerá justo en la recta final de su mandato, en "sus últimos dos meses que deberían ser de despedida, cuando los Presidentes tienden a mejorar o mantener al menos su evaluación positiva". La sentencia de La Haya, dicen en la propia administración piñerista, afectará la tendencia del repunte en las encuestas que venía experimentando el Mandatario desde septiembre. Será un "golpe fuerte" que incluso puede dejarlo mal parado para tratar de instalar su primer hito político cuando deje La Moneda en marzo, con miras al 2017. "Será el Presidente que perdió territorio chileno", agregan.
En su defensa, Piñera tiene dos argumentos que podrá esgrimir y que en el propio bacheletismo reconocen son indiscutibles: la demanda peruana ante La Haya fue un "problema heredado" y él mantuvo la estrategia diseñada en el gobierno anterior, porque no modificó a los agentes chilenos encargados de la defensa.
En la oposición ya se preparan, por lo mismo, para un intento de La Moneda de querer "compartir las culpas" con Bachelet. Al respecto, en el gobierno reconocen que la filtración a la prensa, a fines de la semana pasada, de la invitación a reunirse con Piñera antes que el entorno de la Presidenta electa la confirmara, fue "una forma de querer amarrarla públicamente".
Sin embargo, se recalca que Piñera sí o sí deberá asumir "su parte" por haber cambiado la forma y énfasis de la estrategia exterior, ya que, en su calidad de Presidente en ejercicio, es él el único responsable de la política exterior chilena. Otros agregan a este punto que fue Piñera el que insistió en que el tema de la Haya era jurídico, él fue a Lima a tomar pisco sour y condecoró al ex mandatario peruano Alan García, todas señales que mostraron a la Corte Internacional que el tema limítrofe con el país vecino no era importante ni generaba efectos comerciales.
PAÑOS FRÍOS
Más allá de la catarsis interna que puede venir a nivel político después de conocida la sentencia de La Haya, en todos los sectores concuerdan en que la premisa y señal hacia el exterior es de poner paños fríos y el acento en que el Estado chileno "nunca ha desconocido los fallos". Eso no podría variar ahora, afirman en el gobierno, especialmente cuando hace unos días Chile ingresó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por un período de dos años, por lo que sería muy mal visto en el concierto internacional.
Se están afinando todos los detalles para estos casos, incluso en términos de efectivos militares. En la zona norte del país está el mismo contingente de efectivos, no se ha aumentado, pero en el Ministerio de Defensa reconocen que las tropas están "en nivel de alerta", como corresponde a la situación y que se redujeron a su mínima expresión las autorizaciones para que el contingente saliera de vacaciones en estas fechas. "Hay pocos de vacaciones, no es lo normal en estas fechas, se redujo considerablemente", explicaron.
Para la coagente de Chile ante la Corte, María Teresa Infante, no es conveniente adelantarse en los pronósticos y escenarios sobre el fallo y agrega que "la defensa que ha trabajado por el país asume que se preservará el paralelo para Arica y que resultará fortalecido el Derecho del Mar, especialmente en cuanto al reconocimiento de la Zona Económica Exclusiva, legítima continuadora de la Zona Marítima".
Infante recalca que "el país asumió esta demanda de forma participativa. Se emplearon las mejores evidencias disponibles. Ha sido un esfuerzo colectivo el que se ha manifestado en la dirección y ejecución de un trabajo de larga duración".
En su momento, se cuestionó el secretismo chileno sobre la estrategia a desplegar para defender nuestra postura en el concierto internacional, algo que el agente chileno ante La Haya, Albert Van Klaveren, sigue defendiendo, explicando que no se acostumbra que los agentes hagan viajes de difusión sobre la política exterior y que "dicha labor correspondió a nuestras embajadas, a lo largo de los casi 6 años que ha durado el caso y también a las autoridades de la Cancillería".
