Rienzi Franco
Hoy, en Traiguén, el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, hará entrega de 2 mil 554 hectáreas de tierras a los lonkos Pascual Pichún Pallaleo y Aniceto Norin. Ambos fueron los primeros mapuches en ser condenados por la ley antiterrorista a cinco años y un día.
En 2003, los dos representantes de este pueblo originario fueron sentenciados tras un juicio en el que se les acusó por el delito de tentativa de atentado terrorista en contra del fundo de propiedad del abogado Juan Agustín Figueroa.
La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema tras la petición de nulidad que interpusieron los condenados. El caso también se elevó a la Comisión Interamericana de DD.HH. y se encuentra a la espera de ser revisado por la Corte Interamericana.
Es así como tras cumplir su pena de cárcel, y luego de firmar un compromiso de desestimar la vía violenta para la reivindicación de territorios ancestrales, ambos werkenes serán beneficiados con los predios que en su conjunto poseen un costo superior a los tres mil 500 millones de pesos, es decir cerca de 7 millones de dólares.
La adquisición de los terrenos fue considerada como relevante por Lavín porque dijo se trata de "comunidades vulnerables de la Región de La Araucanía y lo que es muy digno de destacar es que ellos presentaron un Plan de Desarrollo Productivo para utilizar las tierras en el cultivo del lupino, en asociación con empresarios de la zona".
Así, quinientas personas pertenecientes a 113 familias accederán a los fundos Santa Rosa de Colpi, Chorrillos, Selva Espuma, El Maitén y El Pantano, ubicados en Traiguén y Lumaco.
Requisitos de entrega
En la actividad de hoy se van a firmar las escrituras con las que se sella el traspaso de los terrenos que son de propiedad de Forestal Mininco. Previo a este paso, se realizó un completo estudio de la situación para calificar a las comunidades Nahuelpi, Didaico y Temu Lemu.
Es así como se resolvió entregar las tierras sobre la base de cuatro requisitos: aplicabilidad del beneficio; es decir, que el Estado haya reconocido el derecho ancestral de las comunidades sobre las tierras; en segundo lugar, que las familias beneficiadas se encuentren en una situación económica vulnerable; exigir que las comunidades hayan presentado un plan de desarrollo productivo y, por último, que los lonkos estén en una actitud de no violencia.
Similares criterios se van a utilizar para el resto de las hectáreas que se entregarán a futuro. En ese sentido, el Estado espera concretar la compra de once mil hectáreas más en el contexto del programa que lleva adelante la Conadi.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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