Jul. 30 , 2012
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Estimado Presidente Piñera:
Le escribo la presente como ciudadano que ha tenido la oportunidad de estudiar, dirigir tesis y trabajar para diferentes órganos del Estado por los últimos 22 años, desde distintas posiciones y perspectivas. Esto ha permitido familiarizarme con las complejidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sobre todo, las restricciones impuestas por la economía política del funcionamiento del Estado, en nuestro peculiar sistema constitucional.
Le solicito que considere la posibilidad de materializar algunas acciones, no con vistas a la gestión de su gobierno, sino como un legado para futuras generaciones, para así permitir que, cualquiera sea la coalición política que gobierne, dispongamos de un mejor Estado para todos los chilenos.
No intentaré describir las restricciones que Ud. como Presidente debe enfrentar cotidianamente, con incomprensibles ciclos presidenciales de 4 años sin reelección, congreso pareado, elecciones municipales a mitad de camino, por nombrar sólo algunas. Ud. las sufre en carne propia. Lo que nos ocurre en este contexto – que por cierto también habría que cambiar - es que las reglas del juego hacen que cualquier discusión de política pública, designación de un directivo, cifra que se publique, o proyecto legislativo que se elabore, es inmediatamente sometida a una suerte de moledora de carne política y periodística de corto plazo, en que se pierde automáticamente la visión de bien público a favor de los intereses electorales inmediatos.
Todo lo que hacía la Concertación era considerado pésimo por la Alianza, y ahora ocurre exactamente lo contrario. No estamos hablando de gente "maligna", sino de un "mercado político" de transacciones: promesas, pitutos, acusaciones y verdades a medias, a cambio de votos y poder de influencia, en que los datos y evidencias duras pasan a segundo plano. Así son las democracias, que mal que mal son la mejor forma de gobierno que se ha inventado. Operadores políticos, en el buen y mal sentido de la palabra, los tuvo la Concertación, los tiene la Alianza, y seguirán existiendo en cualquier coalición actual o futura.
Por ello, me permito sugerirle que adopte cuatro medidas legislativas, que por cierto no son novedosas, pues se aplican en muchos países de la OECD con los cuales pretendemos compararnos. Por algo será. Aproveche que se vislumbra el fin del período presidencial y se acercan las elecciones parlamentarias, por lo cual estas decisiones serán un poco menos amenazantes para la clase política que, por razones comprensibles del "mercado electoral", vive constantemente con el reloj del corto plazo implantado como marcapasos en su devenir cotidiano.
La primera acción no le resultará novedosa. Póngale acelerador a los proyectos de ley que Ud. mismo envió al Congreso en materia de descentralización, para que los Gobiernos Regionales tengan un mayor espacio de acción y dejen de ser el remedo de institucionalidad que inventamos para "hacer como que descentralizamos pero en realidad no".
Todos sabemos por qué estos proyectos están trancados. NO es de gran interés para muchos parlamentarios, ni Consejeros Regionales hoy nombrados "a dedo", el crearse posibles competidores políticos más empoderados en sus circunscripciones electorales. Ud. formuló un buen plan de gobierno en materia de descentralización, Ud. comprende que el Estado de Chile jamás funcionará adecuadamente con nuestros niveles indescriptibles de hipercentralización política, fiscal y administrativa, y sabe que no podemos seguir como vamos. Muchos lo aplaudiremos.
El segundo se refiere al Sistema de Alta Dirección Pública. Seamos sinceros. Todos sabemos los niveles de ataque que éste ha sufrido, desde su nacimiento en el 2004, hasta hoy, cuando continúan los abusos en la concursabilidad por la vía de los "transitorios provisionales" que después son confirmados, presiones en los concursos de segundo nivel jerárquico, etc.
Después de muchas escaramuzas a inicios de su gobierno, Ud. diseñó pero tuvo un proyecto de Ley destinado a "blindar" el sistema parado por largos meses en su escritorio, estoy seguro que no por sus deseos, sino por las presiones partidarias de su propia coalición. Como dije, son presiones comprensibles, pues aquí hay un "mercado político de corto plazo en operación". Luego, Ud. lo envió al Congreso y ahí lo trancó la oposición. Predecible. Los sistemas de Alta Dirección, en toda América Latina, NO son del gusto de los partidos políticos ni de sus operadores, porque al igual que en el ejemplo anterior, les quitan cuotas de poder.
En este caso, sin embargo, me permito sugerir que, en lugar de volver a la carga con el proyecto tal como está diseñado, le aplique un cambio aun más radical: convierta al Consejo de Alta Dirección en un Consejo Autónomo no dependiente, como hoy, del Poder Ejecutivo. Dele una gobernabilidad similar a la que tienen el Consejo del Banco Central o el Consejo para la Transparencia, que han demostrado en los hechos ser una fórmula adecuada. Hay que darle "checks and balances" al hiper-presidencialismo chileno.
Estas fórmulas de gobernabilidad autónoma existen, de un modo u otro, en países de la OECD. Además, ellas no constituyen en realidad una amenaza a la coalición de turno. Al final siempre será decisión del Poder Ejecutivo escoger o rechazar candidatos de una terna, o bien despedir a un alto directivo, por lo cual no hay mayores peligros para el funcionamiento de un futuro gobierno de acuerdo a las políticas públicas que desee establecer. Le suplico que me crea. He llegado a la convicción profunda de que, en un eventual cambio de coalición, que podrá ocurrir el 2014, 18, o 22, el sistema será demolido sino se lo blinda de esta radical manera. Si no hay cambio de coalición, será inevitablemente desvirtuado y abusado, por más intentos por protegerlo que hagan los Consejeros en la frágil institucionalidad actual.
Mi tercera sugerencia es muy similar, y se refiere a la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Nuevamente, no estoy inventando nada. Dele los mismos niveles de autonomía respecto al poder ejecutivo que gozan los respectivos INE de muchos países avanzados. De un modo u otro, las estadísticas nacionales – importantísimas - son un termómetro de la gestión de cualquier gobierno, y por muy serio que sea dicho Instituto, las presiones políticas en torno a sus datos serán siempre inevitables, o a lo menos, sus cifras serán cuestionadas por el otro bando.
Ministros actuales criticaron datos del gobierno anterior, y ministros anteriores critican los datos actuales… elaborados con la misma metodología. No quiero imaginarme la tormenta estéril que tendremos cuando se publiquen los datos del Censo 2012. Lo hemos visto, y lo seguiremos viendo. Cuesta imaginar un escenario en que esto no siga ocurriendo. Sin embargo, cuando el Banco Central publica estadísticas económicas, que pueden ser favorables o desfavorables al gobierno como diagnóstico de una determinada situación, nadie osa cuestionarlas, por la credibilidad que le da su autonomía y la prolijidad en la designación de sus Consejeros. ¿Qué pierde, Presidente? Creo que nada verdaderamente significativo, y el país ganará mucho.
Por último, le sugiero cumplir con su propio programa presidencial, y crear una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas…. con un Consejo Autónomo. Este ente no debiera tener ninguna atribución ejecutiva, pero sí debiera tener la potestad para evaluar lo que se le antoje, cuando se le antoje, y poner sus evaluaciones a disposición de la ciudadanía.
Por ejemplo, podría evaluar la verdadera factibilidad de implementación de un proyecto de ley en trámite. Al calor de las presiones mediáticas, sabemos que muchas leyes se aprueban "para la galería" sin la menor consideración respecto a la factibilidad, capacidad de gestión y recursos necesarios para su implementación. También podría, por ejemplo, evaluar el real impacto que tuvo una ley ya aprobada, como la del Ingreso Ético Familiar… o bien la efectividad del proceso de tramitación parlamentaria… la eficiencia del Poder Judicial… la reconstrucción del terremoto… el impacto y agregación de valor público de un programa o Agencia del gobierno… la marcha del proceso de descentralización… el impacto que tuvo la nueva ley ambiental… etc.
Nuevamente, no estoy inventando. Esto existe en otros países. ¿Puede haber algo más democrático que poner a disposición de los ciudadanos una evaluación de la forma en que se gastan sus impuestos, el impacto de las políticas y programas públicos, o la efectividad del gasto? Me imagino que la sola lectura de esta sugerencia debe provocarle irritación a más de algún funcionario de Hacienda, que saltará a decir que ellos ya lo hacen a veces, y que lo hacen muy bien. Pero hay una distancia sideral entre las legítimas autoevaluaciones que realiza el gobierno respecto a su propio accionar - decidiendo qué, cuándo y cómo evaluarlo - que hacerlo bajo la potestad de un ente autónomo.
En fin, Presidente. Le suplico lo haga antes del fin de su período presidencial. Tan pronto tengamos un nuevo presidente electo, afanado buscando gabinete e intendentes, Ud. sabe perfectamente que estos temas volverán a pasar a la congeladora. Haga cambios que, siendo políticamente difíciles al comenzar un período, hoy tienen una ventana de oportunidad y pueden permitirle dejar un legado imperecedero para futuras generaciones.
Atentamente.
Mario Weisbluth
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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