Chile es un pañuelo. La batalla judicial que recién comienza refleja el pequeño círculo de poder nacional, resumido en los abogados y bufetes ligados a los protagonistas de esta historia. La experiencia y los nexos políticos son parte del ADN de los elegidos, entre los que se encuentra el ex estudio de los ministros Rodrigo Hinzpeter y Felipe Bulnes; y el abogado Fernando Barros, quien trazó el diseño con el que el Presidente Piñera se deshizo de sus negocios más polémicos. A todos ellos se suma un integrante del CNTV y las relaciones de juristas que defienden directores cuestionados de La Polar.
La batalla legal entre Codelco y Anglo American se prevé encarnizada. A una semana de declarada la guerra entre ambas compañías la justicia ya exigió el congelamiento de las ventas de la minera británica en Chile, luego de acoger una orden de no innovar solicitada por la cuprífera estatal.
Frente a tamaño problema, que podría pasar la cuenta al gobierno y a los altos ejecutivos de Codelco, así como abrir un flanco peligroso en términos de imagen país para los inversionistas extranjeros -Anglo advierte posibles demandas internacionales-, la elección de los abogados que darán la pelea en tribunales por parte de cada uno de los actores de esta historia no fue al azar: además de contar con una gran trayectoria y experiencia, los litigantes y sus bufetes mantienen importantes vínculos políticos, y una amplia red de influencia y poder que va desde nexos con ministros, parlamentarios e incluso con el propio Sebastián Piñera.
Amigos del alma
En el caso de Mitsui, el socio financista de Codelco para ingresar a la propiedad en disputa, la opción fue el ex estudio del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. El encargado del caso es su amigo Andrés Jana, del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ). Ambos estudiaron juntos en el Colegio Hebreo y mantienen una gran cercanía.
Andrés Jana tiene nexos transversales, aunque se le considera, políticamente hablando, un hombre más de "centro". Fue asesor externo del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y también de Andrés Velasco. Mientras Marcelo Tokman fue ministro de Energía se lo consideraba como su mano derecha. También asesoró al gobierno en los Tratados de Libre Comercio de Canadá Estados Unidos y la Unión Europea. Entre sus amigos se cuenta al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Su socio, Jorge Bofill, que fue candidato a Fiscal Nacional y es uno de los artífices de la Reforma Procesal Penal, se identifica con la derecha aunque no del ala "dura". Según fuentes del sector "tiene un prestigio muy bien ganado y sólido" y se mueve bastante bien en el mundo concertacionista. Mientras fue asesor del Senado en torno a la reforma procesal penal, hizo muy buenas migas con Soledad Alvear. También es cercano a Juan Pablo Letelier, a quien defendió en el Caso Coimas, y a Hernán Larraín.
Cristobal Eyzaguirre, del staff contratado por AngloAmerican, es integrante del estudio Claro & Cía. El bufete es de los más tradicionales de la plaza, fue fundado en 1880 por Luis Claro Solar. Entre sus miembros ha estado el fallecido empresario Ricardo Claro, quien llegó a presidirlo hasta que se retiró en 1990 y que no tenía parentesco con el fundador, como otro de sus ex socios, vinculado por línea materna: el senador y presidente de RN, Carlos Larraín Peña.
Bofill y Jana forman parte de una asociación gremial llamada "Libertades Públicas", que nació frente a la prohibición de la exhibición de la película "La última Tentación de Cristo". Esto se condice con el perfil más liberal que se les atribuye. "Hay estudios más tradicionales como Claro, Carey, que funcionan más tradicionalmente y están enfocados más a lo corporativo. En cambio BMAJ es más nuevo, dinámico y pone énfasis en lo litigante. Es una oficina que ha crecido mucho en los últimos años. Por razones obvias tiene buenos contactos en la comunidad judía y bastantes clientes de ahí", señala un abogado cercano.
Entre los casos emblemáticos que ha llevado el estudio se encuentra el caso del "jarrón" de Corfo y las platas perdidas de Inverlink, el caso Rigg's, o la termoeléctrica Castilla, del multimillonario brasileño Eike Batista. Hoy Bofill representa al ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde.
La japonesa Mitsui también apostó por Guillermo Morales de Morales & Besa. Morales es la cabeza de uno de los estudios corporativos más importantes de la plaza. Mencionado en más de una ocasión en la prestigiosa publicación Who´s Who Legal que hace un ranking global de abogados, ha representado entre otros a Daniel Yarur en el bullado conflicto con su primo Juan por la administración de los activos de este último.
Por cierto, no es primera vez que actúa en el negocio minero. En 2007 representó al banco Goldman Sachs que participó en la compra de la minera de hierro Paposo.
En septiembre de este año estuvo junto al Presidente Sebastián Piñera en la cena de gala que se ofreció con motivo de su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas y es invitado habitual del Chile Day en Wall Street.
Su estudio fue uno de los que sufrió la grúa del sector público cuando la abogada Loreto Silva se integró al gobierno como subsecretaria de Obras Públicas. Mientras que su socio Pedro García Morales es asesor del comité de Mercado de Capitales en el Ministerio de Hacienda.
El guardián de Piñera
La firma Mitsubishi, que compró la semana pasada 24,5% de las acciones de Anglo American, apostó por el abogado Fernando Barros, del estudio Barros y Errázuriz.
Barros, vinculado a los Legionarios de Cristo y conocido por defender a Augusto Pinochet, es descrito como el mejor experto en Derecho Tributario. De hecho encabezó el equipo encargado de buscar la fórmula para que el Presidente Sebastián Piñera se deshiciera de su participación en Lan. No fue la primera vez que trabajó para él. En 2007 lo defendió frente a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cuando fue sancionado con una multa por la compra de acciones de Lan.
Además, también lo asesoró en la compra del parque Tantauco, y junto al mismo equipo que vio el tema de Lan, lo ayudó a salir de la propiedad de Chilevisión.
Piñera y Barros se conocen hace unos 15 años gracias a Gustavo Valdés Valenzuela, casado con su hermana Magdalena Piñera, quien fue uno de los gestores de la Fundación Futuro. Las conexiones de Barros tienen nudos entre lo más influyente del mundo financiero y empresarial. Egresó de la Universidad de Chile en 1982 con distinción máxima. Se convirtió en un experto "tributarista" especializándose primero en la universidad de Harvard y en la London School of Economics. Estaba en Londres tomando un año sabático junto a su familia cuando Augusto Pinochet fue detenido en 1998 y él decidió tomar posición como vocero. No ha sido militante de ningún partido, pero proviene de una familia de agricultores de derecha amenazados de expropiación durante la UP, tiempo en que Fernando Barros Tocornal estudiaba en el Saint George.
En 1988 fundó el estudio Barros & Errázuriz, que hoy es uno de los bufetes más competitivos de la plaza. El socio de Barros, José Tomás Errázuriz Grez, es hermano de Jorge Errázuriz Grez, amigo personal de Piñera y fundador de uno de los bancos de inversión a los que el Presidente encomendó la administración de sus activos: Celfin. La gerente general es Ana María Délano, hermana de Carlos Alberto Délano, uno de los amigos más cercanos de Piñera y dueño del Grupo Penta.
Barros fue vicepresidente de Icare, asociación dedicada a la "promoción de principios valores y conceptos que inspiran el desarrollo de la empresa privada". Hoy forma parte del directorio de la organización que agrupa a las compañías más importantes que operan en el país.
Bufetes con tradición
Codelco apostó por Juan Guillermo Levine, socio del estudio que dirige Jorge Carey, igual como lo fue Pedro Pablo Gutiérrez durante 25 años. Fue asesor legal de Enap entre 1974 y 1975 en la redacción de los contratos de operación. Además, está trabajando con el estudio Ortúzar, Águila y Concha, donde el actual ministro de Educación, Felipe Bulnes fue socio hasta 2006, cuando formó su propio bufete.
La cuprífera también reclutó a Pedro Pablo Gutiérrez, de Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo. Es director del Hogar de Cristo, fue abogado de Douglas Tompkins y representó a Venevisión frente a la Universidad de Chile en el negocio por la concesión de Chilevisión.
En 2009 trabajó para el Serviu como abogado en el litigio frente a la Federación Aérea en el contexto de la construcción del Portal Bicentenario en los terrenos del aeródromo Cerrillos.
Gutiérrez es director de la administradora de fondos Moneda, donde comparte espacio con Pablo Guerrero Valenzuela, hermano de Roberto Guerrero Valenzuela, abogado de AngloAmerican, su contraparte.
Precisamente Roberto Guerrero Valenzuela, del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, del cual fue socio el senador UDI Jovino Novoa, quien en 1998 dejó la firma, que representa a la minera británica AngloAmerican es el que está ligado más directamente a la administración pública como integrante del Consejo Nacional de Televisión. Fue hasta 2010 integrante del Consejo Para la Transparencia y es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
Guerrero continuó el trabajo que inició su padre Roberto Guerrero del Río, como testigo del primer convenio entre Enami y Exxon por el yacimiento Disputada de Las Condes. Luego redactó los términos del contrato entre Enami y AngloAmerican en 2002.
Cristobal Eyzaguirre del staff contratado por AngloAmerican, es integrante del estudio Claro & Cia. El bufete es de los más tradicionales de la plaza, fue fundado en 1880 por Luis Claro Solar. Entre sus miembros ha estado el fallecido empresario Ricardo Claro, quien llegó a presidirlo hasta que se retiró en 1990 y que no tenía parentesco con el fundador, como otro de sus ex socios, vinculado por línea materna: el senador y presidente de RN, Carlos Larraín Peña.
El padre de Cristóbal Eyzaguirre, José María Eyzaguirre García de la Huerta, fue uno de los abogados de Augusto Pinochet y su nombre fue propuesto por el gobierno y rechazado por el parlamento para integrar el Consejo Para la Transparencia.
Claro & Cia ha sido el asesor más antiguo del Grupo Cueto, controlador de LAN Chile, en operaciones como la cuestionada compra de acciones de la línea aérea por parte de Sebastián Piñera, quien fue multado en 2007 por la operación financiera.
Paralelamente fueron los abogados de Tur-Bus cuando fueron acusados de colusión con otras empresas del rubro, en enero de este año.
Abogados del estudio también asesoran a Baltazar Sánchez uno de los ex directores de La Polar.
Como todos los bufetes de su categoría, Claro & CIA tiene reputación en el extranjero. Fue así como representaron a Nintendo of America en el litigio por el dominio Pokemon.cl en 2002.
Son asesores también del grupo que lidera el empresario José Said, controlador entre otras de Embotelladora Andina.
