¿Qué hará por el ombudsman, señor candidato?
La tramitación del proyecto sobre el ombudsman se encuentra estancada en el Congreso, a causa de parlamentarios de la Coalición por el Cambio.
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La política del cosismo -tan abonada por think thanks o medios de comunicación interesados en relevar exclusivamente temas como seguridad ciudadana o falta de transparencia (sólo) en el aparato del Estado- motiva que por estos días, en temporada de campañas presidencial y parlamentaria, los ciudadanos y ciudadanas no sepamos qué piensan los candidatos sobre una importante posibilidad de perfeccionamiento institucional y profundización democrática. Me refiero a la creación del ombudsman (también conocido como defensor del pueblo, de los ciudadanos o de las personas).
Este año la institución del ombudsman ha cumplido 200 años desde su fundación en Suecia. A la fecha, más de 100 democracias modernas han incorporado esta misma figura, como contraparte autónoma que representa a la ciudadanía ante el Estado y las empresas que prestan servicios públicos. En la experiencia internacional se ha extendido cada vez más la creación de esta posición, amparada en las recomendaciones que distintas convenciones internacionales, en particular referidas a los derechos humanos, han hecho sobre el tema. En la región, sin embargo, sólo Chile y Uruguay carecen de esta institución, lo que significa que la población, en especial aquella que carece del dinero suficiente para acudir a los tribunales, permanece desprotegida ante las arbitrariedades.
Aun cuando ha habido ciertos avances en materia de derechos del consumidor (me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de los "consumidores" de presentar querellas colectivas), el individuo sigue enfrentando de manera aislada las injusticias que por acción u omisión cometen servicios públicos (prestados por el aparato estatal o por privados). Pese al nivel de consenso internacional que se tiene sobre la importancia de esta institución, su validación social en Chile se encuentra en entredicho, porque algunos sectores políticos la ven como una amenaza a ciertos intereses. Esto se traduce en que la necesidad de un ombudsman no encuentre toda la atención requerida en la clase política, aun cuando se trate de una demanda mayoritaria.
La Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos, dada a conocer en días recientes por la Comisión Defensora Ciudadana, muestra que 76% de la población sabe que tiene derechos (por ejemplo, atención oportuna, recibir respuesta en tiempo prudente, trato digno y respetuoso, etcétera), pero 60% siente que se respetan poco o nada, y más de 90% se muestra favorable a la existencia de un organismo autónomo que resguarde sus derechos. Por ahora, el proceso de tramitación del proyecto de ley sobre la creación del ombudsman se encuentra estancado en el Congreso, dado que parlamentarios de la Coalición por el Cambio, tal vez influidos por la misma política del cosismo que mencionamos, creen que esta figura debería limitarse a representar a las personas frente a casos de delitos comunes.
Es de esperar que en lo que resta de campaña electoral los periodistas hagan la pregunta de rigor y los medios de comunicación otorguen cobertura a este tema, para que sepamos la postura concreta de los candidatos.
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
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