Caso Kodama: "No descarto que existan ilícitos"
El Presidente defiende la actitud asumida por su gobierno tras enterarse de lo ocurrido en la cartera de Vivienda; dice que aceptó la renuncia de la ex ministra Matte por estimar que ella cometió un error grave, y aborda otros tópicos de la agenda, como el caso bombas, HidroAysén y el acuerdo Perú- Ecuador.
por C. Bofill y J.D. Montalva
Ampliar La semana que termina estuvo llena de noticias para el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El lunes comenzó con un anuncio de alcances inciertos: Ecuador había llegado a un excelente acuerdo con Perú que termina con todos los pendientes limítrofes entre ambos países y que hizo a Quito retirar su presentación ante La Haya. Luego, a mediados de semana, el caso bombas parecía debilitarse tras la decisión de los jueces de garantía de conceder el arresto domiciliario a todos los inculpados. Al mismo tiempo, llegaba el momento del paso decisivo para la aprobación del proyecto de HidroAysén, que será votado entre mañana y el martes en medio de recriminaciones de grupos ambientalistas y sectores de la oposición. Con todos estos flancos abiertos, el Presidente Sebastián Piñera aceptó esta entrevista. Habían transcurrido sólo dos días desde que la encuesta Adimark mostrara la popularidad presidencial estancada en el 41%, con niveles de rechazo de 49%, tras 14 meses en el gobierno.
¿El caso Kodama afecta el diseño de la nueva forma de gobernar que usted prometió al país en la campaña?
Lo irregular y anómalo de este caso parte en el momento en que se adjudicó la licitación al oferente más caro de los tres que participaron. Este era un proyecto que debió estar listo en un año, pero por distintas deficiencias, imprevisiones y errores demoró cuatro años. Eso es lo que genera el reclamo de compensación de Kodama.
Luego de todo eso, terminamos en una transacción judicial que autoriza la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte. Ese fue un error de la ministra, que después rectifica al dar orden de no pago de los $ 17.000 millones y en una actitud de transparencia y consecuencia envía todos los antecedentes a la Contraloría y a la fiscalía para investigarlos en profundidad.
Hasta el momento, nuestro gobierno no le ha pagado un solo peso a Kodama y, por tanto, sin perjuicio del error de haber autorizado esa transacción, nuestro gobierno tomó todas las medidas para proteger y cuidar los recursos públicos propiedad de todos los chilenos.
¿Empezar por destacar las irregularidades en la concesión del 2006 no es tirar la responsabilidad hacia atrás, eludiendo los errores propios?
No, no eludimos nuestra responsabilidad y por eso he mencionado que la ex ministra de Vivienda no debió haber validado esa transacción judicial. Reconocí ese error de entrada. Pero también quiero mencionar que apenas se tomó conciencia del hecho, lo que el gobierno hizo fue suspender todo pago y entregar los antecedentes. A nuestro gobierno, lo que es nuestro; y al gobierno anterior, lo que es del gobierno anterior.
¿Descarta que existan sólo errores?
No lo descarto. Sé que hubo errores, porque cuando se validó la transacción con Kodama, ni la ministra ni el ministerio ni el Serviu tenían los antecedentes necesarios para fundamentar dicha decisión. No descarto otro tipo de irregularidades. Incluso, no descarto que existan ilícitos. Por esa razón, con mi pleno conocimiento y aprobación, la ministra entregó todos los antecedentes a la Contraloría y a la fiscalía.
Se ha dicho que frente a los nuevos antecedentes la renuncia de la ministra era más bien inevitable.
Yo acepté su renuncia por dos razones. En primer lugar, porque había cometido un error grave al firmar y autorizar una transacción por esa cantidad de recursos sin tener todos los antecedentes. Y en segundo lugar, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una tarea demasiado importante, que es entregar las viviendas que se destruyeron con el terremoto y las casas para las 600 mil familias chilenas que están esperando una solución habitacional. Por lo tanto, no queríamos que dicha repartición desviara su tarea fundamental.
¿Este caso revela problemas estructurales en el Estado?
Este caso no es comparable al caso MOP-Gate o al MOP-Ciade, que fue algo sistemático, permanente, conocido y tolerado. Este fue un error, en que la ministra reaccionó inmediatamente y en el que el gobierno está trabajando para corregirlo. Son dos casos y dos actitudes de gobierno muy distintas.
Sin perjuicio de esta distinción, considero que el Estado necesita una profunda modernización. Hemos estado trabajando intensamente en ese tema y espero que el día 21 de mayo demos a conocer la propuesta de modernización del Estado chileno. Nuestro Estado se construyó durante el siglo XIX, se parchó durante el XX y hoy no puede responder a las necesidades, estándares de calidad ni los desafíos del siglo XXI.
Pero todos los personajes involucrados en el caso Kodama fueron nombrados por esta administración. Puede haber un problema estructural del Estado, pero aquí fueron personeros de su coalición los que actuaron mal.
Por supuesto que las autoridades del Serviu fallaron y por eso les pedimos su renuncia. En mi opinión, también la ministra cometió un error y por eso aceptamos su dimisión.
Actualmente, en las encuestas el Presidente aparece estancado en un 41% de aprobación. ¿Usted está de acuerdo que eso le crea mayores problemas con la oposición y en su propia coalición? Cuando usted tuvo mayor popularidad, en el episodio de los mineros, había menos rebeliones internas en la Alianza y la oposición era más cauta. Esta semana enfrentamos un fuerte rechazo a votar los proyectos antes del 21 de mayo. ¿Hubiera ocurrido esto con los niveles de popularidad que tenía antes?
No lo sé. Por supuesto que preferiríamos tener niveles de apoyo mayores. Como Presidente, mi responsabilidad es hacer lo que Chile necesita según nuestro mejor criterio y convicción. Nosotros no estamos gobernando en función de las encuestas, y la mejor prueba de ello es que estamos tomando decisiones difíciles en muchos frentes, varias de las cuales sabemos que a corto plazo pueden ser impopulares. No hay nada más fácil que gobernar de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar, pero eso no hace un buen gobierno.
Pero hay medidas suyas que parecen ligadas a lograr popularidad: la decisión del 7%, el posnatal, sueldo ético. ¿Por qué eso no se traduce en popularidad?
Naturalmente que hay medidas en las cuales creemos con mucha fuerza y que eran parte de nuestro programa de gobierno. Si son populares, bienvenido sea. Pero la razón de tomarlas son porque creemos en ellas profundamente.
Le gustaría tener mayores índices de aprobación. ¿Se hace alguna autocrítica?
Estamos muy abiertos a la autocrítica. Pero habiendo tantos que dedican su vida a criticar al gobierno, les dejo a ellos esa tarea. Me gustaría agregar que los países para progresar necesitan buenos gobiernos, pero también necesitan buenas oposiciones. Esto fue lo que inspiró la democracia de los acuerdos de la cual yo fui parte en la década de los 90, y por eso yo quiero pedirle a la oposición de manera respetuosa, pero contundente, que no caiga en la tentación del obstruccionismo. He visto muchos síntomas de esto en los últimos días.
La Concertación dice que en "la democracia de los acuerdos" ellos iban al Congreso, negociaban el proyecto -usted mismo como senador de RN fue parte de esas negociaciones- y luego presentaban un proyecto de ley en común que se votaba. La queja es que ustedes envían el proyecto de ley sin incorporar nada de la Concertación.
Creo que el diagnóstico es equivocado. Nosotros conversamos mucho con la Concertación, y cuando enviamos los proyectos de ley estamos abiertos a modificarlos. Por ejemplo, el proyecto de ley de voto a los chilenos en el extranjero fue profundamente modificado, acogiendo muchos de los postulados. Al final, nos quedamos con la exigencia de haber estado en Chile cinco meses durante los últimos ocho años de su vida, o sea, un compromiso razonable. El proyecto inicial era distinto.
El país eligió un gobierno en base a un programa de gobierno. Siendo así, nosotros tenemos la obligación de ser leales y fieles a ese programa, tal como cuando el país eligió al gobierno de Aylwin y yo era senador. Nosotros, por supuesto que discutíamos y conversábamos, pero reconociendo el derecho del gobierno a llevar adelante su programa.
¿Usted ve más ordenada su coalición tras los episodios que la tensaron, como las divisiones en torno a Jacqueline van Rysselberghe?
No somos un ejemplo de regimiento ni un convento. Hay ruido, hay díscolos, hay discrepancia. Eso es bueno y natural. Pero en lo grueso, siento que la Coalición por el Cambio ha actuado con unidad, lealtad y apoyando con eficacia a nuestro gobierno.
Una cosa que siempre quedó dando vueltas en el aire, ¿le ofreció el Ministerio de Vivienda al senador Pablo Longueira?
Eso queda en la privacidad de nuestras conversaciones con el senador Longueira. Lo que sí puedo decirle es que como jefe de comité de los senadores de la UDI, junto al senador Andrés Chadwick, está cumpliendo una labor muy importante, no solamente en el Parlamento, sino que de apoyo al gobierno de la Coalición por el Cambio.
¿Qué piensa de la polémica por el caso bombas que habla de montaje?
Durante muchos años hubo decenas de bombas en nuestro país, hasta que un grupo de personas fue detenido. A partir de ese instante, el número de atentados disminuyó significativamente. La detención de todos ellos fue validada por un juez de garantía y, en las muchas oportunidades que fue apelada, fue ratificada por la Corte de Apelaciones.
Lo que hizo el gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue hacerse parte de la querella. El gobierno no puede ser indiferente a bombazos que arriesgan la vida de niños, mujeres e inocentes. Sería lamentable que el gobierno no hiciera nada y pensara que las bombas es un tema que no le compete.
Tal vez lo que aumentó la controversia es que el fiscal que llevaba la causa ingresó al gobierno. ¿Usted no cree que se debería reglamentar ese tipo de traspasos?
Estamos pensando una legislación en esa materia. Pero hoy día, la legislación chilena no establece ninguna incompatibilidad y el gobierno pensó que la experiencia de un fiscal que ejerció su cargo por ocho años, y no podía ser renovado en su puesto, podía ser muy útil como asesor en materia de seguridad. Sin embargo, aclaro que el proyecto que vamos a proponer no imposibilitará la incorporación de los fiscales a áreas de estudios, como es el caso del ex fiscal Alejandro Peña.
¿No considera grave la acusación de montaje?
Aquí no hay ningún montaje. Las personas pueden decir lo que quieran, pero no porque lo digan es verdad. Y si tienen algún antecedente de montaje, yo los invito de inmediato a presentar todos sus antecedentes a la justicia.
Los atentados de bomba existieron y son extremadamente graves, y cuando la justicia determina encausar o formalizar a ciertas personas, lo natural es que el gobierno trate de colaborar con la justicia. Quiero recordar que el que invocó la ley antiterrorista en este caso fue el fiscal Xavier Armendáriz durante el gobierno anterior. Aquí se dicen muchas cosas. Pero yo le aseguro que el gobierno no es parte de ningún montaje.
El lunes se vota HidroAysén y su gobierno ha dado señales de ser favorable al proyecto. ¿Cuál es su opinión respecto de las críticas?
La Corema de la Región de Aysén tiene que pronunciarse en virtud de la ley y de la institucionalidad, y lo va a hacer, seguramente, la próxima semana.
¿No va a ser mañana?
La sesión de la Corema está citada para mañana, pero es posible que haya debate. No tengo la certeza de que se vaya a aprobar o a rechazar mañana, porque eso corresponde a los seremis.
Si se aprueba el proyecto HidroAysén, es porque cumple 100% con toda la legislación medioambiental chilena. El proyecto que ingresó y el proyecto que eventualmente puede ser aprobado son totalmente distintos, porque decenas de agencias han planteado cientos de observaciones para mitigar los efectos dañinos y proteger mejor la naturaleza.
Chile tiene hoy una capacidad instalada de 13.000 MW. Si mantenemos nuestro ritmo de crecimiento al 6%, que es nuestra meta y compromiso, en 10 años más vamos a tener que duplicar la capacidad energética de nuestro de país y eso significa agregar otros 13.000 MW. Si no hay energía hidroeléctrica, entonces lo que va a haber serán más centrales a carbón.
¿No aprobar HidroAysén significaría un apagón?
No, lo que yo he dicho es que si no tomamos la decisión ahora y seguimos oponiéndonos a todo vamos a tener un problema serio en la segunda mitad de esta década. No tendríamos problemas en nuestro gobierno, porque el abastecimiento energético está relativamente garantizado la primera mitad de la década, el problema sería después.
No podemos negarnos a la energía nuclear, a la termoeléctrica y a la hidráulica, porque eso significa decir a todo no. Para nosotros, las energías limpias y renovables son fundamentales, pero hoy día representan el 3% de la matriz y queremos llevarla al 10%. Nosotros no vamos a seguir escondiendo la cabeza como el avestruz y postergando una y otra vez las decisiones. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Considera indispensable HidroAysén?
Ningún proyecto es indispensable. Lo que sí es indispensable es pensar cuál es la mejor forma para que Chile pueda duplicar capacidad de generación de energía en los próximos 10 años. A eso está abocado nuestro gobierno y para eso tenemos una legislación ambiental.
Después de Fukushima usted dijo que ya no había condiciones para la energía nuclear.
Nuestro gobierno no va a construir ni decidir ninguna planta nuclear. Lo que sí estamos haciendo es aprender de la tecnología nuclear y de su institucionalidad para capacitar a nuestros técnicos. No debemos estar ausentes del debate.
Hay una discrepancia bastante grande entre la lectura que hace el gobierno chileno y la que hace el gobierno peruano sobre el acuerdo con Ecuador. ¿Cuál es su interpretación del pacto?
Por supuesto que existe esa discrepancia, pero yo apelo a los hechos objetivos. El día 2 de agosto del año pasado, Ecuador aprobó el Decreto Supremo 450 y presentó ante Naciones Unidas su carta náutica, que establecía que el límite era el paralelo, que el paralelo se iniciaba a partir de la línea de bases, no a partir de las islas, como sostiene Perú, y que se fundaba en los tratados firmados por Chile, Perú y Ecuador el año 1952 y 1954.
Dicha carta náutica dice textualmente: "De conformidad con el Decreto Ejecutivo 450, el límite marítimo Ecuador-Perú ha sido trazado en aplicación del paralelo geográfico del punto en que llega al mar la frontera terrestre entre Ecuador y Perú, como límite marítimo entre los dos países, de acuerdo con lo dispuesto en la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952 y en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima del 4 de diciembre de 1954".
Hace algunos días, Perú aceptó dicha carta presentada por Ecuador sin ninguna observación y, por tanto, la carta náutica, las notas reversales que han intercambiado Perú y Ecuador, son un todo único y orgánico. Perú aceptó la carta náutica que establece el paralelo tal como Chile lo ha sostenido siempre.
¿El Presidente Correa tiene la misma interpretación suya del acuerdo?
Ecuador y Chile, sistemática y permanentemente, durante 60 años, han sostenido que los tratados de 1952 y 1954 son tratados limítrofes, y que determinaron que el límite era el paralelo a partir de la línea de bases. Esa posición ha sido reiterada, coherente y compartida entre Ecuador y Chile. Fue compartida por Perú durante 50 años, pero hace poco giró y empezó a desconocer la naturaleza de tratado de límites de los acuerdos de 1952 y 1954. El Presidente Correa en muchas ocasiones me ha ratificado esa posición y Ecuador no ha modificado en nada su posición respecto del decreto 450.
¿Pero usted tuvo una conversación con Correa posterior a la firma del decreto en que le ratificó los mismos términos?
El Presidente Correa me ratificó que la posición de Ecuador no ha variado en nada, que es la misma que ha sostenido siempre. Es la misma que reiteramos en declaraciones conjuntas el año pasado, cuando señalamos que los tratados de 1952 y 1954 eran tratados limítrofes.
Entonces, ¿Ecuador no tiene que cambiar nada?
Es Perú el que va a tener que cambiar muchas cosas: su interpretación de la teoría de las islas, su interpretación de la línea equidistante y no del paralelo, su interpretación de la línea de bases y sus propias líneas de bases que aprobó por legislación interna para hacerlas coincidir con las que aceptó Ecuador.
En este tema puedo decirles que como Presidente de Chile y responsable de las relaciones internacionales, estamos haciendo todo lo debido y lo necesario para defender con plena y total eficacia la soberanía, el territorio y el mar chilenos.
Usted ha seguido la política de cuerdas separadas con Perú. Por un canal se cursa el diferendo en La Haya y por otro las relaciones políticas y comerciales. ¿Mantendrá esa estrategia con quien resulte elegido en los comicios del 5 de junio en ese país?
Cuando un país como Chile está convencido de tener la razón y el derecho de su parte, cuando los tratados internacionales y la práctica real y concreta de los últimos 50 años respaldan nuestra posición, no tenemos por qué cambiar ni estar inventando conflictos artificiales.
La demanda de Perú se hizo durante el gobierno anterior. Lo que ha hecho nuestro gobierno es defender con todas nuestras energías, fuerzas y recursos la posición chilena ante La Haya y, al mismo tiempo, no judicializar la relación con Perú para seguir avanzando en temas de interés mutuo, como la integración económica, energética, temas fronterizos y muchos otros más. Vamos a buscar las mejores relaciones con Perú, quien quiera sea el presidente democráticamente elegido por el pueblo peruano.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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