Fiscalía suspenderá procedimiento contra militares bolivianos por bajas penas de delitos imputados
El análisis en La Moneda es que no hubiera sido positivo tener a los uniformados en prisión, ya que constituiría otro elemento de tensión en las relaciones con La Paz.
Equipos de Política y Regiones
Hoy, la PDI pondrá en la frontera con Bolivia a los catorce militares de ese país detenidos en la madrugada del viernes por Carabineros. Ello, luego de ser sorprendidos en territorio chileno con fusiles de guerra y dos autos robados, con patente nacional.
La fiscalía intentó encausarlos por robo con intimidación tras las denuncias de afectados que aseguraron que los uniformados extranjeros les habían sustraído sus vehículos. Sin embargo, no se pudo acreditar el robo debido a que ninguna de las supuestas víctimas reconoció a los soldados como sus agresores, durante la rueda de presos realizada ayer en Alto Hospicio (ver C 2).
Así, el Ministerio Público sólo pudo sustentar los delitos de tenencia ilegal de armas y receptación de vehículos, cuyas bajas penalidades hacían inviable la prisión preventiva de los militares. De esta manera -y como salida alternativa-, la fiscalía propuso a la defensa la suspensión condicional del procedimiento, previa formalización por los delitos antes mencionados, lo que ocurrirá a las 11 horas de hoy.
La condición para suspender la investigación es la expulsión de los bolivianos del país, con la consecuente prohibición de reingreso a territorio chileno.
El decreto de expulsión, de hecho, ya estaba firmado el viernes en la tarde por la intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger. Ello, porque la idea del Gobierno fue expulsar a los militares apenas se supo de su detención. Sin embargo, al advertir el Ministerio Público que podría haber un delito que ameritara la prisión preventiva de los uniformados, el decreto se suspendió hasta concretarse las diligencias judiciales.
Pero en este nuevo escenario, tras la formalización de hoy, el decreto será cursado, y la expulsión, inmediata.
El caso ha sido monitoreado desde el viernes por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien apenas conoció la noticia realizó ese mismo día dos reuniones junto al canciller Alfredo Moreno y el ministro de Defensa, Andrés Allamand. Hinzpeter también ha estado en permanente contacto con la intendenta tarapaqueña, legalmente mandatada para cursar el decreto.
El análisis de La Moneda es que el tema es complejo. De haberse formalizado a los militares por robo, el juicio hubiera sido largo y habría generado declaraciones de Bolivia incómodas para Chile, lo que no ayudaría a las complejas relaciones entre ambos países. Por eso, para Palacio no era favorable tener detenidos a los catorce uniformados bolivianos.
Consultado, Hinzpeter dijo que "este tipo de situación debe resolverse con mucha prudencia, porque toca aspectos de política internacional y también tiene implicancias en la política local y comprende también la intervención del Ministerio Público, que ejerce sus facultades de forma autónoma".
A su vez, el subsecretario de RR.EE., Fernando Schmidt, dijo que el tema estaba radicado en la justicia, y no le correspondía intervenir a la Cancillería.
Ayer, el Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, aunque reconoció que sus militares pudieron haber traspasado el límite por error, dijo esperar que "nuestros oficiales regresen a su cuartel, porque ellos estaban cumpliendo una misión patriótica" de lucha contra el contrabando. Referente a esto, Schmidt declinó pronunciarse, para no iniciar "una suerte de guerra de declaraciones por la prensa que no tiene ningún sentido".
Las armas se quedan
La ministra de Defensa boliviana, Cecilia Chacón -a través de un comunicado-, pidió "garantizar la restitución inmediata de nuestros efectivos y la devolución del equipamiento y material que portaban en cumplimiento de sus funciones".
No obstante, el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, dijo que "las armas están incautadas y quedan en poder de la autoridad chilena. No podemos permitir la devolución si con ellas se cometió el delito de tenencia ilegal".
Dijo, además, que el único que puede dejar sin efecto la incautación es un juez, "y si el gobierno boliviano y el Ejército las quieren recuperar, tendrían que pedir y comprobar en el Tribunal de Garantía el dominio de esas armas. Sin eso no vamos a devolverlas. El Gobierno chileno no tiene facultades para comprometer la devolución de las armas, y cualquier información al respecto es falsa o errónea".
"Este tipo de situación debe resolverse con mucha prudencia, porque toca aspectos de política internacional y también tiene implicancias en la política local".
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
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