Por María Celia Baros, licenciada en Historia
Entre las décadas de 1910 y 1920 la instalación de varias compañías estadounidenses en Chile, que se interesaron por explotar antiguas minas de cobre –como El Teniente, Chuquicamata y Potrerillos– fue el punto de partida de nuestra minería industrial a gran escala del siglo XX.
Desde entonces dichas empresas foráneas llevaron a cabo sus actividades en el marco de la escasa legislación imperante, como los antiguos Códigos de Minería de 1888 y 1930, el pago de uno que otro impuesto, y de meros derechos aduaneros por la internación de maquinarias traídas desde el exterior. En la práctica durante esos años el Estado chileno careció de injerencia en la producción cuprífera, desconociendo el mercado, destinos y compradores del producto, cuyo manejo quedaba a criterio y voluntad de cada compañía propietaria.
Pero entre la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial este escenario empezó a variar, cuando la historia del metal rojo fue vinculándose con nuestra historia económica y política, dando lugar a un largo proceso que se desenvolvería principalmente durante la segunda mitad de ese siglo. Como la producción de cobre se hizo indispensable para fines bélicos, Chile dio importancia a su principal riqueza abriendo una creciente tributación con la dictación de leyes e impuestos, y la búsqueda de acuerdos con las empresas estadounidenses del cobre. Aun así, varias de esas medidas –bajo la forma de franquicias y regulaciones– eran a veces contradictorias por la falta de experiencia en la materia. Tales fueron ciertos casos de imposiciones extraordinarias a las utilidades; garantías a préstamos, inversiones y a la comercialización; así como la "Ley del Nuevo Trato". Esta última revistió especial significado porque dio origen a los términos de Gran Minería, el Departamento del Cobre, los Convenios del Cobre y el Estatuto del Trabajador del Cobre.
Hay que recordar que la idea de proteger y recuperar este recurso natural fue parte de una tendencia general en algunos países de América, que buscaba socializar los medios de producción para superar su subdesarrollo y poner fin a la dependencia de potencias como Estados Unidos. Así aconteció con la nacionalización del petróleo en Venezuela y la nacionalización del estaño en Bolivia, entre otros casos.
Con todo, desde entonces Chile emprendió una mayor participación y férrea defensa del cobre a través de acciones administrativas más decididas para elevar cada tributo, exigir obligaciones y vigilar mejor el funcionamiento de las empresas cupríferas, con la consiguiente reacción de ellas.
Chilenización y Nacionalización
El tema fue considerado punto importante por las campañas de los candidatos Eduardo Frei y Salvador Allende, quienes se presentaron a las elecciones presidenciales de 1964, sumándose Radomiro Tomic, más tarde. Desde ese momento, el objetivo de la recaudación económica fue cambiado por una activa política, pasando por las respectivas negociaciones, ya que el triunfo sucesivo de los dos primeros dio lugar a la promulgación de la "Chilenización" (1967) y luego a la "Nacionalización" (1971) del cobre, por ley.
Una vez que Frei ganó, puso en marcha lo prometido en su programa tramitándose la Ley de Chilenización mediante la cual el Estado duplicaría la producción del metal, adquiría el 51% de las acciones de los yacimientos en explotación en poder de las compañías estadounidenses, constituyendo sociedades mineras mixtas con las mismas, y estableció la primera Corporación del Cobre como continuadora legal del Departamento del Cobre y contralora de las antiguas propietarias del cobre. De esa manera, Chile pudo tener representantes en sus Directorios.
Pero entre Chilenización y Nacionalización, hubo situaciones que se dilataron, como por ejemplo, complicaciones en expansiones productivas y en la edificación de grandes obras civiles planificadas con anterioridad. También afectó la inauguración del proyecto Río Blanco, que tras sucesivos aportes de capital, se realizó en julio de 1970, con un acto encabezado por el Presidente Frei y autoridades de la época.
En poco tiempo, el debate por la riqueza cuprífera se ideologizó dando lugar a distintas posturas sobre la eficacia real de esta conquista, ya que el socio extranjero mantenía el control de las ventas y de las exportaciones. Además, el metal rojo experimentó buenos precios en el mercado internacional debido a la Guerra de Vietnam.
Otro punto que suscitó polémica fueron los denominados "resquicios legales", que implicó poner en práctica viejas leyes válidas y vigentes dentro del orden jurídico e institucionalidad chilena, pero poco conocidas. Éstas fueron usadas por el Gobierno de Allende para introducir los cambios económicos propuestos en su campaña presidencial, cuando no tuviera apoyo en el Congreso y ante la oposición de otros partidos políticos.
La campaña de Allende promovió un proceso de nacionalización inmediata y definitiva del cobre, al comprar el 49% de las acciones restantes de los yacimientos y enviar una reforma del Artículo 10 de la Constitución Política para modificar la propiedad sobre las riquezas básicas del Estado por necesidad pública. Tras la correspondiente discusión, el 11 de julio de 1971 el Congreso aprobó por unanimidad la Nacionalización del Cobre, convirtiendo a Chile en dueño de absoluto, exclusivo e inalienable de sus recursos mineros. Ese día fue declarado de la "Dignidad Nacional" para el "cobre chileno", concepto acuñado por Radomiro Tomic.
En adelante la Gran Minería quedó conformada por los yacimientos de Chuquicamata, El Teniente, El Salvador y La Exótica. En cambio, la Mediana Minería era integrada por Compañía Minera Disputada Las Condes, Empresa Minera Mantos Blancos, Compañía Minera y Comercial Sali Hochschild, Compañía Minera Pudahuel Limitada y Compañía Minera de Tocopilla, tomando en cuenta su capacidad instalada y volumen de producción. Caso excepcional fue la Compañía Minera Andina, que se transformó en sociedad colectiva siendo administrada por la primera Corporación del Cobre y Enami dentro de la Gran Minería, aunque su producción anual de 65.000 toneladas la proyectaba como Mediana Minería.
Como contrapartida, las nuevas sociedades mixtas crearon Consejos de Administración con la intención de descentralizar la toma de decisiones y poner énfasis en las relaciones laborales. Al mismo tiempo, hubo éxodo de ingenieros extranjeros, llevándose valiosa información consigo, siendo reemplazados en sus cargos por profesionales chilenos que asumieron la responsabilidad de continuar las operaciones, con la ayuda de técnicos y trabajadores. Si bien malos augurios difundieron por todo el mundo, que Chile no podría sostener solo esta industria, en definitiva Anaconda Company emprendió demandas para embargar partidas de cobre llegadas a puertos extranjeros, terminando por quebrar en Estados Unidos.
Pero 1973 alteró el curso de los acontecimientos, al cabo de la huelga de los mineros de El Teniente en mayo y el golpe de Estado de septiembre. Desde el primer instante, las autoridades militares tomaron el control de las empresas, siendo detenidos los gerentes generales de Chuquicamata –David Silberman, posteriormente secuestrado y desaparecido– y de Salvador –Ricardo García, fusilado en octubre–, dirigentes sindicales y algunos trabajadores.
Por su parte, los yacimientos enfrentaron bajas de producción y la necesidad de contratar personal con experiencia para superar la coyuntura y mejorar la gestión.
La Ley Reservada
Respecto de la Ley Reservada del Cobre, si bien dicha disposición autoriza la entrega de aportes al financiamiento de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que su origen data de fines de la década de 1930 con la idea de destinar dinero fiscal para adquirir material de guerra y uso castrense, destinado a la defensa nacional.
Fue otro de los impuestos fijados a las utilidades de la producción cuprífera, cuando estaba en manos de la inversión extranjera. Con el tiempo, dichas disposiciones determinaron que el 10% del ingreso en moneda extranjera por venta de la producción de cobre y sus subproductos pertenecientes a Codelco, deberían ser depositados en el Banco Central de Chile "en moneda dólar de los Estados Unidos de América" con dichos fines.
Nacimiento de Codelco
En 1976 el Ministerio de Minería dictó dos decretos-leyes que dieron forma a Codelco y Cochilco. Con fecha 1 de abril, uno fue el que creó la Comisión Chilena del Cobre, y el otro era el decreto-ley 1.350 que dio vida a la Corporación Nacional del Cobre de Chile como una empresa del Estado que agrupaba las compañías existentes en una sola entidad minera, industrial y comercial de duración indefinida, con un Directorio, personalidad jurídica y patrimonio formado por la transferencia de los activos y pasivos de las ex sociedades colectivas y de la ex Corporación del Cobre.
Esta Corporación tenía la finalidad de operar a gran escala los yacimientos de la Gran Minería del cobre pero, también, ser un ente descentralizado del Estado que iba gestionar las empresas nacionalizadas con flexibilidad y autonomía, por lo que los antiguos yacimientos pasaron a manos de las Divisiones homónimas, siendo dirigidos con ventajas de coordinación y uso racional de los recursos. Sus trabajadores quedaron sometidos a disposiciones del Código del Trabajo y leyes complementarias, así como también a normas sobre organización sindical y negociación colectiva que regían para empresas del sector privado.
Este hito revistió singular importancia, porque un artículo de tal decreto-ley recién disolvía legalmente las antiguas empresas de la Gran Minería. Las mismas que vieron el proceso nacionalizador como un despojo y reclamaron sus derechos en tribunales internacionales exigiendo una indemnización establecida en disposiciones transitorias de la Constitución Política de Chile. El Contralor General de la República debió determinar las condiciones y monto de la reparación que el Estado chileno les pagaría de acuerdo con el valor libro al 31 de diciembre de 1970, con los descuentos reglamentarios. Sin embargo, un decreto del Presidente de la República ordenó a la Contraloría calcular tal suma deduciendo el dinero obtenido por la rentabilidad excesiva entre el 5 de mayo de 1955 y el 31 de diciembre de 1970, a las empresas de la Gran Minería afectadas por la Nacionalización.
Tras la respectiva revisión, el Contralor General de la República resolvió que el pago de indemnización no correspondía a las empresas administradoras de Chuquicamata, Salvador y El Teniente, salvo la Compañía Minera Andina, cuya situación era distinta ya que la mina apenas había comenzado su operación y la propietaria estadounidense casi no había obtenido producción. Por lo tanto, Compañía Minera Andina fue la única que recibió una indemnización de US$18 millones entre 1974 y 1976, ya que el yacimiento Río Blanco entró paulatinamente en régimen integrándose como División Andina a Codelco Chile. Aun así, las otras empresas mencionadas rechazaron la medida y apelaron sin resultado.
Además, Codelco fue institucionalizado en un solemne acto celebrado precisamente en el campamento Saladillo en 1976, dejando ese momento grabado en una placa que rezaba: "En este lugar de nuestra cordillera de los Andes por el bien de Chile se puso en marcha la nueva legislación del cobre, integrando los minerales Chuquicamata, Exótica, El Salvador, Andina y El Teniente".
En base a aquel marco legal y regulación creados en 1976, Codelco quedó facultado para participar en diferentes negocios, haciendo posible su rentabilidad y que pueda asumir emprendimientos con éxito, encabezando una industria cuprífera pujante.
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