El Gobierno de Chile protestó formalmente por la violación de nuestra soberanía por parte de personal armado boliviano y reclamó por la posesión por el mismo de camionetas con patentes chilenas, cuyo origen no se sabe si es producto de contrabando o de robo. Ante este cuadro, es inaceptable la reacción del Ejército boliviano de recibir con honores militares a los soldados que causaron un incidente que pudo haber escalado a niveles difíciles de prever. Igualmente lamentable es el reclamo de la ministra de Defensa de ese país, aduciendo malos tratos a los infractores, a quienes se les respetaron íntegramente sus derechos, al extremo de haber sido expulsados casi de inmediato, pese a que jurídicamente bien pudieron quedar arraigados. La prudencia con que actuó Carabineros, la correcta coordinación con la Cancillería y la razonabilidad que se impuso finalmente en los transgresores evitaron un desenlace que pudo lamentarse. A diferencia de los aberrantes homenajes castrenses de Bolivia, su Cancillería reconoció la internación ilegal de la patrulla.
Estos acontecimientos demuestran los beneficios —y la obvia necesidad— de seguir reforzando los patrullajes chilenos y de continuar aumentando los mecanismos de control al ingreso a nuestro territorio. Hasta hace poco tiempo, la desprotección de la frontera norte era tan evidente, que poco más de dos años atrás un convoy armado peruano, al mando de un coronel, ingresó a Arica sin ser detectado, y las autoridades le dieron salida libre, en total descoordinación con la Cancillería: el gobernador y las autoridades militares, seguramente para que el bochorno pasara inadvertido, dieron por superado el incidente antes de informar para la correspondiente reacción diplomática, que, por desfase, resultó tardía e incoherente.
Tales sucesos reafirman el descontrol, la indiferencia y corrupción existentes en la policía y los militares bolivianos en zonas aledañas a la frontera. Ese territorio es una de las puertas de ingreso más utilizadas por indocumentados y narcotraficantes, paso de cargamentos de drogas y salida de autos y camionetas contrabandeados o robados desde Chile y comercializados en el Altiplano. Incluso el propio jefe de la policía boliviana fue destituido hace algunas semanas por ser tenedor de uno de esos vehículos. Meses antes fue sorprendido en Arica el ex jefe de los servicios bolivianos para combatir a los narcotraficantes, en personal complicidad con los carteles de cocaína que usan esa frontera para el tránsito de drogas. Estas irregularidades lesionan las relaciones con Chile, pero también afectan a Bolivia y tienen secuelas similares en el contrabando, el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas hacia Argentina y Perú, que deberían actuar en conjunto para representar los perjuicios que les irroga. Un informe reciente del Banco Mundial revela el uso en la frontera norte de decenas de pasos ilegales para el comercio de drogas en el exterior y dentro de Chile.
A diferencia de Chile y Argentina, donde la policía y la gendarmería, respectivamente, están a cargo del control fronterizo, en Bolivia ese cometido está en poder de militares. Tal realidad justifica incrementar los medios para que Carabineros cumpla sus labores de vigilancia y control, y hace aconsejable adoptar las medidas diplomáticas y policiales necesarias para que incidentes de esta especie no se vuelvan a repetir. También cabe considerar la revisión de los medios de observación remota que pudieren prestar las Fuerzas Armadas.
Las desusadas respuestas del Ejército y del Ministerio de Defensa bolivianos y de su Vicepresidente muestran tonos confrontacionales inconducentes, que deberían reconsiderar. Asimismo, esas expresiones y el incidente fronterizo ratifican las dificultades que Bolivia ocasiona a la vecindad, al entendimiento y a la cooperación en asuntos que son de común beneficio e interés.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
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