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sábado, 18 de febrero de 2012

¿dicom? Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días

Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días


Cecilia Arroyo

Cerca de tres millones de chilenos con moras por deudas inferiores a $2,5 millones serán borrados en estos días del registro comercial -conocido popularmente por el nombre de la empresa dueña de este servicio, Dicom-, según los cálculos entregados ayer por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La salida de estos morosos de las bases de datos se debe a la entrada en vigencia de la Ley 20.575, que norma el uso de información comercial y que, dentro de distintos aspectos, incluye el "borrón" de los datos de deudas vencidas y exigibles al 31 de diciembre pasado que se encuentren impagas, y que al 17 de febrero no excedan de $2,5 millones por deudor.

Esto implica sacar de "Dicom" deudas por un total de 60 millones de UF (unos US$ 2.750 millones), equivalentes al 1,57% del total de colocaciones de la banca al cierre de 2011.

Operativamente, el llamado "perdonazo" debería estar concluido este fin de semana, de manera que el próximo lunes los nombres de los beneficiarios ya no figuren en el sistema informativo de carácter crediticio o comercial, según señaló el secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro.

Las mayores complicaciones del proceso, agrega el ejecutivo, están en la conjugación de los criterios consignados (monto y fecha de vencimientos), para lo cual han trabajado coordinadamente con los distribuidores de estos datos, como las empresas Equifax o Sinacofi.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la ley como un esfuerzo por favorecer a los ciudadanos en la protección de sus datos sensibles, y apoyar a miles de emprendedores que por diferentes circunstancias no han tenido éxito, pero que esperan volver a levantarse.

Ley complementaria

La norma, que fue publicada ayer en el Diario Oficial, establece un nuevo principio en el tratamiento de datos personales sobre Protección de la Vida Privada. A partir de él, explicó Larroulet, sólo tendrán acceso a los datos de carácter económico, financiero, y bancario o comercial de terceros, el comercio establecido que realice evaluación de riesgo comercial, y las entidades que evalúen riesgo en el proceso de otorgamiento de un crédito. "Para todo el resto de los casos donde sea necesario contar con información comercial, se requerirá del consentimiento del titular de los datos", precisó el secretario de Estado.

"Se trata de un proyecto específico sobre el uso de información exclusivamente comercial, que se adscribe y complementa dentro de otros dos proyectos emblemáticos del Gobierno: Deuda Consolidada y Protección de Datos Personales", dice el asesor del Ministro de Economía, Cristian Gardeweg.

Frente al primero, la principal diferencia es que no abarca la información comercial positiva. Mientras que respecto de la protección de datos personales, la iniciativa del Gobierno va más allá de los datos financieros, resguardando el uso de información sobre domicilio, teléfonos, entre otros.

Las cinco preguntas fundamentales sobre la norma

1 ¿Qué es la Ley 20.575?

Es la norma que regula el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, limitando su uso a entidades que realicen evaluación de riesgo comercial y de crédito, como bancos y casas comerciales.

De esta manera, cualquiera que quiera usar estos datos, fuera de ese universo, deberá pedir autorización a las respectivas personas dueñas de sus antecedentes.

2 ¿A qué se refiere el "borrón de Dicom"?

De acuerdo con esta ley, serán eliminadas del registro comercial todas las deudas en mora que se hagan exigibles, es decir vencidas al 31 de diciembre de 2011 y que al 17 de febrero de este año no superen los $2,5 millones. Cada cuota morosa se trata por separado; por tanto, si una cuota venció antes del 31 de diciembre, se borra, siempre y cuando el total de cuotas morosas sea inferior al máximo establecido.

3 ¿Ninguna institución de crédito verá ese tipo de deudas en el sistema?

Desde ayer, no. Ya que no podrán ser informadas por los distribuidores de datos a ningún agente. Para algunos se trata de una "pérdida de información" que puede impactar la buena evaluación del riesgo de cada persona por las distintas entidades. Esto no significa que la deuda caduque, ya que si bien la información desaparece del sistema, los compromisos comerciales siguen vigentes.

4 ¿El uso de estos datos para fines distintos al crédito se debe denunciar?

Bajo esta ley, sólo se usará para proceso de crédito y de evaluación de riesgo comercial. Si es para otro fin, las personas pueden denunciar ante tribunales.

Sin embargo, en los proyectos del Gobierno hoy en discusión (Deuda Consolidada y Protección de Datos) se incorpora al Sernac como vigilante de los datos personales, para canalizar las denuncias de incumplimiento.

5 ¿Se llevará algún registro de quien usa esta información?

De acuerdo con la nueva disposición, las distribuidoras de datos -es decir, personas naturales o jurídicas que realicen directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas- deberán elaborar un registro con las empresas a las que entregan información. Esta norma, a diferencia del resto de la ley, entrará en vigencia en seis meses.


Fuente:emol

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días

Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días


Cecilia Arroyo

Cerca de tres millones de chilenos con moras por deudas inferiores a $2,5 millones serán borrados en estos días del registro comercial -conocido popularmente por el nombre de la empresa dueña de este servicio, Dicom-, según los cálculos entregados ayer por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La salida de estos morosos de las bases de datos se debe a la entrada en vigencia de la Ley 20.575, que norma el uso de información comercial y que, dentro de distintos aspectos, incluye el "borrón" de los datos de deudas vencidas y exigibles al 31 de diciembre pasado que se encuentren impagas, y que al 17 de febrero no excedan de $2,5 millones por deudor.

Esto implica sacar de "Dicom" deudas por un total de 60 millones de UF (unos US$ 2.750 millones), equivalentes al 1,57% del total de colocaciones de la banca al cierre de 2011.

Operativamente, el llamado "perdonazo" debería estar concluido este fin de semana, de manera que el próximo lunes los nombres de los beneficiarios ya no figuren en el sistema informativo de carácter crediticio o comercial, según señaló el secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro.

Las mayores complicaciones del proceso, agrega el ejecutivo, están en la conjugación de los criterios consignados (monto y fecha de vencimientos), para lo cual han trabajado coordinadamente con los distribuidores de estos datos, como las empresas Equifax o Sinacofi.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la ley como un esfuerzo por favorecer a los ciudadanos en la protección de sus datos sensibles, y apoyar a miles de emprendedores que por diferentes circunstancias no han tenido éxito, pero que esperan volver a levantarse.

Ley complementaria

La norma, que fue publicada ayer en el Diario Oficial, establece un nuevo principio en el tratamiento de datos personales sobre Protección de la Vida Privada. A partir de él, explicó Larroulet, sólo tendrán acceso a los datos de carácter económico, financiero, y bancario o comercial de terceros, el comercio establecido que realice evaluación de riesgo comercial, y las entidades que evalúen riesgo en el proceso de otorgamiento de un crédito. "Para todo el resto de los casos donde sea necesario contar con información comercial, se requerirá del consentimiento del titular de los datos", precisó el secretario de Estado.

"Se trata de un proyecto específico sobre el uso de información exclusivamente comercial, que se adscribe y complementa dentro de otros dos proyectos emblemáticos del Gobierno: Deuda Consolidada y Protección de Datos Personales", dice el asesor del Ministro de Economía, Cristian Gardeweg.

Frente al primero, la principal diferencia es que no abarca la información comercial positiva. Mientras que respecto de la protección de datos personales, la iniciativa del Gobierno va más allá de los datos financieros, resguardando el uso de información sobre domicilio, teléfonos, entre otros.

Las cinco preguntas fundamentales sobre la norma

1 ¿Qué es la Ley 20.575?

Es la norma que regula el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, limitando su uso a entidades que realicen evaluación de riesgo comercial y de crédito, como bancos y casas comerciales.

De esta manera, cualquiera que quiera usar estos datos, fuera de ese universo, deberá pedir autorización a las respectivas personas dueñas de sus antecedentes.

2 ¿A qué se refiere el "borrón de Dicom"?

De acuerdo con esta ley, serán eliminadas del registro comercial todas las deudas en mora que se hagan exigibles, es decir vencidas al 31 de diciembre de 2011 y que al 17 de febrero de este año no superen los $2,5 millones. Cada cuota morosa se trata por separado; por tanto, si una cuota venció antes del 31 de diciembre, se borra, siempre y cuando el total de cuotas morosas sea inferior al máximo establecido.

3 ¿Ninguna institución de crédito verá ese tipo de deudas en el sistema?

Desde ayer, no. Ya que no podrán ser informadas por los distribuidores de datos a ningún agente. Para algunos se trata de una "pérdida de información" que puede impactar la buena evaluación del riesgo de cada persona por las distintas entidades. Esto no significa que la deuda caduque, ya que si bien la información desaparece del sistema, los compromisos comerciales siguen vigentes.

4 ¿El uso de estos datos para fines distintos al crédito se debe denunciar?

Bajo esta ley, sólo se usará para proceso de crédito y de evaluación de riesgo comercial. Si es para otro fin, las personas pueden denunciar ante tribunales.

Sin embargo, en los proyectos del Gobierno hoy en discusión (Deuda Consolidada y Protección de Datos) se incorpora al Sernac como vigilante de los datos personales, para canalizar las denuncias de incumplimiento.

5 ¿Se llevará algún registro de quien usa esta información?

De acuerdo con la nueva disposición, las distribuidoras de datos -es decir, personas naturales o jurídicas que realicen directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas- deberán elaborar un registro con las empresas a las que entregan información. Esta norma, a diferencia del resto de la ley, entrará en vigencia en seis meses.


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Gobierno descarta riesgo en el suministro eléctrico para 2012

Gobierno descarta riesgo en el suministro eléctrico para 2012

En el Ministerio de Energía explican que el sistema central enfrenta una menor fragilidad, debido en parte al ingreso de nuevas centrales.

por J. Marticorena y C. Pizarro
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Una visión más optimista tiene el gobierno respecto del escenario energético para 2012. Los principales temores que se veían hacia fines de 2011 sobre la seguridad del suministro eléctrico parecen disiparse.

El ministro de Energía, Rodrigo Alvarez, había anticipado en octubre que en marzo el abastecimiento enfrentaría la situación más crítica. Sin embargo, ayer indicó que están "relativamente tranquilos" respecto del escenario energético en el primer mes activo del año.

Reiteró que marzo tiende a ser difícil desde el punto de vista energético, debido al aumento del consumo eléctrico, sobre todo en un escenario de sequía que se extiende desde el año pasado. Sin embargo, indicó que "con los instrumentos que hasta ahora tenemos, estamos relativamente tranquilos, pero vamos a estar supervisando la cantidad de agua en los embalses y el término de algunas de las obras físicas, como ciertas líneas de transmisión que nos permitirán un mayor desplazamiento de energía" a los centros de consumo, dijo. A esto se suma el ingreso de varias centrales de generación como Santa María (340 MW) de Colbún, que ya comenzó a despachar energía, y Bocamina II (350 MW) de Endesa, que ingresa al sistema a mediados de año.

Ante esta mayor holgura en la disponibilidad de energía, el subsecretario de la cartera, Sergio del Campo, asevera que "con la información que tenemos hasta hoy día, podemos afirmar que el suministro eléctrico no está en riesgo para 2012. Tampoco visualizamos que marzo sea un mes crítico".

El convencimiento que hay en la cartera se basa en un informe que el jueves le entregó el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC-SIC). El organismo -que coordina la operación del principal sistema eléctrico del país y que integran las empresas generadoras- analizó distintos escenarios para el abastecimiento eléctrico, bajo diferentes hidrologías. El escenario base -de mayor probabilidad de ocurrencia- consideró una condición hidrológica seca como la actual, un crecimiento de las ventas de energía de 7,7% y una vigencia del decreto de racionamiento hasta el 30 de abril. "En ese caso, no hay déficit de energía", explica Del Campo.

Alvarez señaló que en febrero y marzo, el gobierno analizará si es necesario extender el decreto, que entre sus atribuciones, permite guardar agua en momentos de escasez: "Con las medidas que actualmente tenemos a través del decreto de racionamiento, estamos tranquilos. Pero seguimos supervisando el grave fenómeno de la sequía".

Nueva capacidad

En el escenario que el gobierno está analizando, Del Campo explicó que estiman un crecimiento de la demanda eléctrica para 2012 de entre 5% y 7%, al mismo tiempo, tienen en carpeta el ingreso de nueva capacidad. "Este año entrarán al sistema eléctrico central 1.100 Mw, que darán mayor seguridad al suministro. Actualmente, el sistema que va entre Taltal y Chiloé tiene una holgura superior a los 1.000 MW para abastecer la demanda máxima", indica la autoridad. Además del ingreso de las carboneras de Colbún y Endesa, se sumarán el parque eólico Talinay, en la Tercera Región (100 MW) y la central hidroeléctrica Rucatayo, que desde febrero sumará 55 MW. "Este conjunto de medidas permitirán tener tranquilidad a futuro", dijo Alvarez.

En todo caso, el titular de Energía explicó que la fragilidad del sistema de transmisión, que causó el apagón de septiembre, se mantendrá "por varios años". Pese a esto, en la cartera destacan el avance de varias obras de transmisión que descomprimirán el funcionamiento del sistema, como la ampliación de la subestación Cerro Navia de Transelec, que permitirá inyectar 300 MW desde Quillota a Santiago. Otro elemento que ayudaría a mejorar la situación es la decisión que el gobierno tome la próxima semana sobre el horario de verano, que se estudia extender o mantener todo el año. El horario de invierno suele comenzar la segunda semana de marzo.


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CUIDADO: PROTESTAS EN AYSEN SE MASIFICAN

Protestas en Aysén se masifican y gobierno monitorea posibles nuevos focos de conflicto

Incidentes se extendieron a Coyhaique y otras localidades. El lunes próximo, ministros se reunirán para ver exigencias de la zona.

por Lorena Ferraro
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Un saqueo a un local comercial en Coyhaique, en medio de enfrentamientos con carabineros y la oscuridad provocada por cadenazos a la red eléctrica de la ciudad. Los incidentes de Aysén se habían extendido ya a la capital de la Undécima Región y, según reportes policiales, los cortes de caminos se habían extendido también a otras localidades de la zona. La convocatoria para un masivo acto ayer en la noche en Aysén y un "cacerolazo" en Coyhaique completaban el cuadro.

El creciente número e intensidad de los incidentes registrados en la zona (ver página 3) se sumaba a la delicada situación de desabastecimiento y al aumento de la tensión, luego de que -la noche del jueves- el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, no lograra acercamientos con los líderes del llamado "Movimiento Social por la Región de Aysén", que incluye una veintena de organizaciones, como pescadores artesanales, la CUT, la Anef y Patagonia sin Represas.

Ayer en la tarde, tras regresar a Santiago, Ubilla se reunió con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Luego anunció que el próximo lunes se reunirá con algunos ministros, para analizar las demandas de las organizaciones de Aysén, en especial, un subsidio a los combustibles y mejoras en inversión e infraestructura en Salud. Así, al encuentro asistirían los titulares de Energía, Rodrigo Alvarez; de Salud, Jaime Mañalich, y de Obras Públicas, Laurence Golborne.

El lunes, además, reasumirá sus funciones tras un descanso en Lago Ranco el Presidente Sebastián Piñera. Pero el anuncio de Ubilla fue leído por algunos de los líderes de las protestas como una señal de fuerza del Ejecutivo. Esto, pues desde Aysén se había pedido que el gobierno analizara el tema el fin de semana para que el lunes entregara una respuesta a sus peticiones o se zanjara que algún secretario de Estado viajara a la zona.

"La única forma de que esta situación no siga escalando es que se concrete de aquí al lunes la presencia de los ministros de Salud, Hacienda y Energía", dijo ayer el Movimiento Social en una declaración pública, en que se destacaba además el apoyo de varios alcaldes de la región.

Los líderes locales agregaron que ellos no son los que han convocado a los bloqueos de caminos, pero que se producen de manera espontánea por la molestia de los ciudadanos. "La frustración tras la reunión hizo que las movilizaciones se agudizaran", dijo Iván Fuentes, vocero de los manifestantes. Ante esto, Ubilla dijo que Carabineros tiene la obligación de actuar para asegurar el orden público.

Mirando a Magallanes

En paralelo, desde el gobierno vieron con inquietud el hecho de que algunos parlamentarios de otras zonas como Magallanes entregaran ayer su respaldo a las demandas en Aysén.

La preocupación en Palacio apunta a que el cuadro de tensión pueda replicarse en otras zonas. El año pasado, Punta Arenas protagonizó cerca de tres semanas de paralización y manifestaciones, que terminaron con la retirada de Ricardo Raineri del Ministerio de Energía y se aplacaron sólo tras una negociación in situ de su sucesor, Laurence Golborne.

El jueves, Hinzpeter se reunió en La Moneda con el intendente de Magallanes, Arturo Storaker.

Ayer, el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, conversó telefónicamente con su par de Aysén, Antonio Horvath (RN). Parte de la conversación giró en torno a la posibilidad de que el parlamentario por Punta Arenas se traslade a la Undécima Región, para sostener un encuentro con las organizaciones que lideran las protestas.

La idea de ambos senadores es, además, afinar una propuesta alternativa a la del gobierno sobre el proyecto de ley de zonas extremas, que se tramita en la Cámara de Diputados.

El jueves pasado, el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, anunció que en marzo se aplicará urgencia a dicha iniciativa que, entre otras medidas, prorroga por 20 años la existencia de subsidios a la contratación de mano de obra.

"Escuché al ministro Larroulet y eso es no entender nada", dijo Bianchi, quien respalda la petición de las organizaciones de Aysén, de fijar un sueldo mínimo mayor al nacional para las regiones extremas.

Una coordinación similar establecieron en las últimas horas algunos diputados de Aysén y Magallanes. El UDI David Sandoval se encuentra trabajando junto a su par independiente de Punta Arenas, Miodrag Marinovic, para presentar también un conjunto de mejoras a la ley.

Dardos oficialistas de la zona

La semana pasada, el diputado UDI por Aysén, David Sandoval, envió correos electrónicos a los ministros Rodrigo Hinzpeter (Interior), Andrés Chadwick (Segegob), Cristián Larroulet (Segpres) y su subsecretario, Cristián Alvarado. En ellos avisaba de las primeras protestas y la eventualidad de que escalaran, como ocurrió en los últimos días. Sandoval agrega que "el único funcionario en Aysén fue el gobernador de Coyhaique; el resto, sabiendo del proceso que se desarrollaba, hizo uso de sus feriados legales". Las críticas por este tema también han venido del senador RN Antonio Horvath, quien dice que transmitió las protestas de pescadores al ministro Pablo Longueira (Economía).


 

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Allamand y el 27-F

Allamand y el 27-F: Los chilenos esperan una autocrítica de la Concertación

El ministro de Defensa cuestionó la estrategia de algunas autoridades de la época que buscan deslindar responsabilidades en las Fuerzas Armadas de lo ocurrido.

Allamand y el 27-F: Los chilenos esperan una autocrítica de la Concertación
Foto: Sebastián Vergara, El Mercurio.

SANTIAGO.- Luego de conocerse que se formalizarán a ocho personas, entre ellos el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, por el caso 27-F, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, espera una autocrítica de la Concertación por lo ocurrido y cuestionó la estrategia utilizada por algunas autoridades de la época que buscan deslindar sus responsabilidades en las Fuerzas Armadas.


En entrevista con "El Mercurio", el secretario de Estado afirmó "a estas alturas los chilenos esperan, como mínimo, una autocrítica de la Concertación (...). En la admisión de los graves errores en que se incurrió durante el período previo, en términos de la organización del país para enfrentar una emergencia, y también de la forma en que se enfrentaron las situaciones simultáneamente e inmediatamente posteriores al 27 de febrero".


En la misma línea, dijo que "las investigaciones, los videos, los testimonios y sin duda el resultado de la investigación judicial han confirmado que se cometieron múltiples y gravísimos errores; que la preparación para la emergencia era precaria; que en los momentos críticos -aquéllos en donde en casos como éstos se salvan o se pierden vidas- imperaba en quienes estaban a cargo y debían tomar decisiones la confusión, el desconcierto y una ostensible falta de conducción".


Además, Allamand estima que hay una estrategia de las autoridades de ese momento que busca culpar a las FF.AA. por lo ocurrido.


"Cualquier persona advierte que hay una línea de defensa de las autoridades de la época que busca deslindar sus responsabilidades y hacerlas recaer en las Fuerzas Armadas, lo que es injusto y además inútil frente a una investigación judicial tan acuciosa", sostuvo.


Armada y su responsabilidad


Respecto a las responsabilidades que le caben a la Armada, el ministro fue claro en señalar que "institucionalmente asumió su responsabilidad por los gravísimos errores del SHOA".


Agregó que "todos los todos los altos mandos de la Marina han colaborado activamente con las investigaciones administrativas, parlamentarias y, por cierto, la judicial llevada adelante por la fiscal (Solange) Huerta. Y lo continuarán haciendo cada vez que sean requeridos".


Respecto a las acusaciones que han realizado políticos de la oposición, quienes han dicho que el Gobierno busca utilizar la investigación judicial con fines políticos en contra de la ex Presidenta, Michelle Bachelet, Allamand señaló que "pocas veces ha quedado tan claro, para quienes han visto el video de la noche en la Onemi, aquello de que 'una imagen vale más que mil palabras'".


"Mi impresión es que la ciudadanía tiene un juicio formado sobre lo ocurrido, y que ninguna campaña a favor o en contra va a alterar esto", sentenció.


Fuente:

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