Carlos Peña
Domingo 28 de Agosto de 2011
Acuerdo educacional
El sistema educativo padece una crisis de legitimidad.
Las razones son múltiples. Y todas justificadas.
Las mayorías históricamente excluidas del sistema ya no encuentran en él los bienes que proveía cuando, anhelantes, lo miraban desde lejos. El aura de la formación universitaria -por efecto de la masificación- se ha desvanecido casi para siempre.
Se suma el hecho que las familias sienten, con igual intensidad, el deseo que sus hijos se incorporen a la educación superior y la angustia de saber que ello será a cambio de vender su alma al banco.
En fin, subsiste la sensación de que el sistema educacional en vez de liberar a los niños de la sombra de la cuna parece, en Chile, atarlos a ella ¿De qué otra manera se explica que se pueda predecir la trayectoria vital de cualquier niño -dónde se situará cuando adulto- con sólo saber a qué escuela asiste?
No hay duda.
No queda más que modificar ese sistema de una forma que concite el consenso -siquiera traslapado- de todos. Las líneas estratégicas de esa modificación surgen de la respuesta a dos preguntas: ¿Quién tiene derecho a proveer educación? y ¿quién la paga y cómo?
La primera exige decidir si los privados podrán organizar escuelas o si, en cambio, sólo podrá hacerlo el Estado.
En los países democráticos la provisión educacional es abrumadoramente pública (en Estados Unidos de América y en todos los países de Europa Continental, con las excepciones de Bélgica y Holanda); pero se admite el derecho de los particulares a fundar u organizar escuelas y el derecho de los padres a escoger entre ellas.
Un sistema como ese -de provisión mixta; pero con predominancia pública- fue el que se configuró en Chile hasta los años ochenta, ¿por qué no volver a él? ¿Acaso no es hora de abandonar el modelo de Friedman: un mercado de escuelas privadas alimentado por los subsidios que portan los alumnos? Hay que fortalecer la educación de base estatal y subir, para todos, los estándares de calidad. De esa manera los proveedores privados que no estén dispuestos a invertir -aquellos animados por el simple lucro- saldrán por sí solos del sistema. Una definición como esta -un sistema educativo con predominancia pública- vale tanto para el sistema escolar como para la educación superior.
La segunda de esas preguntas -"¿Quién paga?"- admite respuestas distintas según se trate de la escolaridad obligatoria o la educación superior.
La escolaridad obligatoria debe ser financiada con cargo a rentas generales; pero la educación superior no: los excluidos del sistema, que serán siempre los más pobres, acabarán financiando el capital humano de los que acceden, quienes se situarán, inevitablemente, en los quintiles de más altos ingresos. Un sistema como ese es regresivo (cumple el llamado efecto Mateo: da a los que tienen y quita a los que no tienen). Es mejor que el acceso se financie con un sistema de créditos estatales que se pague, luego del egreso, con un porcentaje de la remuneración. Así el pago del crédito es contingente al ingreso y éste, por su parte, a la calidad del certificado.
Créditos como ese, apoyado por un sistema de becas que corrija divergencias entre beneficios sociales y privados, y alienten mecanismos de discriminación positiva (que ayuden a diversificar las élites) sería más justo que la gratuidad y mejor, sin duda, que lo que hoy existe.
Un sistema educativo de carácter mixto, con predominancia pública, créditos administrados por el Estado, cuyo pago sea contingente al ingreso, y un programa de discriminación positiva apoyado en becas, puede ser el contenido de un acuerdo que oriente la política futura.
No es el sistema que imaginó Friedman y echó a andar la dictadura. Tampoco es la Escuela Nacional Unificada.
Es -en cambio- lo que en las democracias se llama consenso parcial.
Nada -claro- semejante a las fiebres ideológicas que han querido rediseñarlo todo; pero -y no es poco- se trata de algo bastante parecido a lo que existe en los países de la OECD.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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